Arabia Saudí: Los trabajadores asiáticos siguen sufriendo tras puertas cerradas

Los trabajadores migratorios de Arabia Saudí corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como flagelaciones, amputaciones, tortura y ejecuciones. Además, ven cómo sus patronos y el gobierno les niegan la protección más elemental, según ha declarado Amnistía Internacional hoy, Día Internacional del Trabajo.

Los ciudadanos extranjeros suman entre el 60 y el 80 por ciento de la mano de obra de Arabia Saudí, y en su mayoría proceden de países asiáticos como Pakistán, Bangladesh, India, Indonesia, Filipinas y Nepal. Para la mayor parte de ellos la oportunidad de trabajar en Arabia Saudí supone una oportunidad de escapar de la pobreza y proporcionar a sus familias un futuro mejor.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los asiáticos que se han desplazado como trabajadores migratorios a Arabia Saudí son especialmente vulnerables. Sufren abusos contra los derechos humanos en silencio y soledad, sin nadie a quien pedir ayuda».

Los trabajadores migratorios asiáticos desempeñan en su mayoría trabajos domésticos o trabajos manuales y, al igual que los demás trabajadores, no cuentan con la protección de ningún sindicato. Sus patronos suelen confiscarles el pasaporte, y les prohíben cambiar de trabajo o desplazarse a otros lugares. Muchos sufren abusos a manos de esos patronos, de los que dependen totalmente. A algunos ni siquiera les pagan por su trabajo.

Si son detenidos, pueden verse obligados, mediante engaños o coacciones, a firmar declaraciones en árabe, lengua que no comprenden. No son informados de sus derechos, ni del proceso judicial que les aguarda. No tienen acceso a un abogado y, en muchos casos, ni siquiera les permiten ponerse en contacto con su consulado. Si quieren enviar cartas a sus familiares en su país, es posible que tengan que hacerlas salir clandestinamente de la cárcel. Todo ello, unido a la falta de acceso a miembros influyentes de la sociedad que puedan interceder por ellos, significa que tienen más probabilidades que los ciudadanos saudíes de ser condenados a muerte, flagelación o amputación.


La empleada doméstica indonesia Soleha Anam fue ejecutada en 1997 por el asesinato de su patrono. Sus familiares trataron de conseguir ayuda de la embajada indonesia o de la empresa que le había proporcionado el empleo, pero nadie les prestó atención. No se enteraron de la ejecución hasta que la prensa informó de ella.

De las 767 ejecuciones de las que Amnistía Internacional tuvo conocimiento entre 1990 y 1999, más de la mitad eran de trabajadores migratorios y, de éstas, una gran proporción era de trabajadores asiáticos.

El ciudadano filipino James Rebenito fue declarado culpable de asesinato y ejecutado en junio de 1996. Permaneció recluido en régimen de incomunicación más de dos años antes de que las autoridades saudíes informaran a la embajada de Filipinas de que había «confesado el asesinato». A pesar de las peticiones de la familia y las autoridades consulares para que les permitieran asistir al juicio, a su esposa sólo le permitieron verle una vez antes de la ejecución. La esposa dijo a Amnistía Internacional que James había proclamado su inocencia y que tenía testigos que la demostraban. Todos esos testigos habían sido interrogados por la policía, pero no se citó a ninguno para que declarara en el juicio.

Las trabajadoras migratorias están especialmente expuestas a sufrir prácticas discriminatorias. Nieves, una mujer filipina que trabajaba de doncella en Riad en 1992, fue invitada por un matrimonio a celebrar el cumpleaños de la esposa en un restaurante. Unos agentes de la policía religiosa entraron en el restaurante, vieron al grupo y lo detuvieron por sospechas de prostitución. A Nieves la engañaron para que firmara una declaración en árabe que ella creía que era un formulario para su liberación. Fue condenada a veinticinco días de prisión y 60 latigazos, pena que se cumplió.

Los trabajadores migratorios que practican religiones diferentes a la religión islámica suní autorizada oficialmente corren peligro de ser detenidos, recluidos, maltratados y expulsados del país. Los cristianos, los sij y los miembros de otras minorías religiosas han sufrido ataques por celebrar cultos religiosos informales y privados en sus casas o por poseer literatura religiosa.

Donato Lama, filipino detenido en 1995 como sospechoso de predicar el cristianismo y condenado a dieciocho meses de prisión y 70 latigazos, declaró: «Me encontraba en el estado más vulnerable posible cuando la policía volvió a presionarme para que admitiera los cargos; si no lo hacía, seguirían golpeándome. "Te dejaremos ir si firmas este papel. Si no, puedes morir aquí." Con el cuerpo lleno de contusiones y sin fuerzas para soportar otra paliza, accedí a poner mi huella dactilar en el papel, sin saber qué estaba firmando».

Los gobiernos de los países cuyos ciudadanos trabajan en Arabia Saudí deben hacer todos los esfuerzos posibles por proteger a esos trabajadores. Deben pedir información sobre los ciudadanos de su país que están encarcelados, deben asistir a las vistas judiciales y deben presionar para que se celebren juicios justos con acceso a asistencia letrada e intérpretes y con derecho a apelar. También deben tener en cuenta las violaciones de derechos humanos cuando consideren la posibilidad de establecer acuerdos con Arabia Saudí sobre cuestiones como el comercio, los intercambios culturales o la cooperación para la defensa.

Si desean más información pueden visitar el sitio web de la campaña sobre Arabia Saudí de Amnistía Internacional: No más secreto, no más sufrimiento.