Amnistía Internacional - Declaración pública 31 de marzo de 1999 Índice AI: AMR 45/02/99/s Servicio de Noticias: 062/99

Paraguay: el nuevo gobierno debe acabar con la impunidad Amnistía Internacional ha declarado hoy que el nuevo gobierno de Paraguay debe asegurar que se realizan investigaciones prontas, imparciales y sin demoras sobre los homicidios del vicepresidente y de cinco manifestantes, así como sobre las demás violaciones de derechos humanos ocurridas en el país durante los últimos días de gobierno del presidente Raúl Cubas. Según la organización de derechos humanos, los desórdenes políticos de los últimos días, que han culminado con la dimisión del presidente Cubas y su huída al exilio, amenazaban con socavar la frágil democracia en Paraguay y se han saldado con graves violaciones de los derechos humanos. El magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña el pasado 23 de marzo desencadenó durante varios días violentos enfrentamientos entre partidarios y opositores del gobierno y la policía. Los disturbios culminaron con la muerte de cinco manifestantes contrarios al gobierno, la presunta «desaparición» de otros ocho y las lesiones de al menos otro centenar de personas durante la noche del viernes 26 de marzo. En un discurso televisado el 28 de marzo, Raúl Cubas declaró que dimitía como presidente para evitar el derramamiento de más sangre inocente por cuestiones políticas. Inmediatamente pasó a ocupar la dignidad de senador, con lo que automáticamente obtenía inmunidad procesal. Amnistía Internacional solicita que los resultados de las investigaciones que se realicen se hagan públicos y que a los que sean hallados responsables de violaciones de derechos humanos se los ponga a disposición de la justicia. En particular, a los agentes del Estado con responsabilidad de mando que ordenaron o toleraron ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes estaban a sus órdenes se los debe hacer rendir cuentas penalmente por estos actos. Amnistía Internacional considera que este principio debe aplicarse independientemente del lugar en que esas personas puedan encontrarse en la actualidad, independientemente del lugar en que se cometiera el delito, e independientemente del tiempo transcurrido desde su comisión. La organización formula también un llamamiento para que no se permita a los autores de esos actos beneficiarse de ninguna medida legal que los exima de ser procesados o condenados penalmente. Información general Tras la muerte a tiros del vicepresidente Argaña en la capital, Asunción, la Cámara de Diputados ordenó la apertura inmediata de juicio político contra el presidente Cubas. El presidente Cubas fue acusado de «abuso de poder» por haber liberado arbitrariamente a un aliado suyo encarcelado, el ex general Lino Oviedo, poco después de asumir la presidencia, en agosto de 1998, y por negarse a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia de devolver a Oviedo a la cárcel para terminar de cumplir la pena de 10 años que se le había impuesto por una intentona golpista en 1996. La Cámara de Diputados acusó también a Raúl Cubas y a Lino Oviedo de ser responsables del homicidio del vicepresidente Argaña, su rival político. La decisión de abrir el juicio político llevó a millares de manifestantes partidarios y opositores al gobierno a congregarse a las puertas de la Cámara de Diputados, situada en el centro de Asunción. Se produjeron enfrentamientos cuando la policía empleó cañones de agua a presión y, según los informes, cargó contra los manifestantes contrarios al gobierno. Contra varias autoridades de la administración Cubas, entre ellas el jefe de la policía, se han presentado cargos en relación con las muertes de manifestantes. Se los ha acusado de no desplegar fuerzas de seguridad cuando en las inmediaciones del edificio de la Cámara de Diputados abrieron fuego contra los manifestantes francotiradores que se cree partidarios del ex presidente. Una persona, identificada gracias a las imágenes de televisión que se estaban tomando durante el ataque, ha sido arrestada en relación con los disparos. Autoridades judiciales paraguayas han anunciado su intención de formular cargos de homicidio por omisión contra el ex presidente a raíz de las muerte de los manifestantes. Sin embargo, el recientemente nombrado ministro del Interior rechazó la solicitud de un prominente fiscal del Estado para arrestar a Cubas argumentando que no se le puede arrestar a menos que el Senado revoque su inmunidad. El lunes 29 de marzo, Raúl Cubas huyó a Brasil, donde se le concedió asilo político. El dirigente del Senado Luis González Macchi juró su cargo como nuevo jefe del Estado el domingo, como sucesor constitucional de Cubas. Al ex general Lino Oviedo, que huyó de Paraguay poco después de la dimisión de Cubas, se le ha concedido asilo político en Argentina. FIN.../

Comunicados de 1999