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De Alabama a Wyoming: 50
ejemplos de doblez - las «ausencias» del informe de Estados Unidos sobre derechos
humanos
El 25 de febrero, el Departamento de Estado estadounidense publicará su informe anual
sobre derechos humanos, en el que abordará casos de homicidios injustificados o de malos
tratos a manos de la policía y otras fuerzas de seguridad en unos ciento noventa países.
Pero incidentes similares ocurridos en Nueva York, Illinois o California no recibirán
mención.
«Se podría decir que este año, como todos los años, habrá 50 "ausencias" en
la lista del Departamento de Estado: las que van de Alabama a Wyoming», ha dicho
Amnistía Internacional, deplorando la hipócrita postura de Estados Unidos que no
reconoce la amplitud de los abusos que se cometen contra los derechos humanos en su propio
territorio.
«El gobierno de Estados Unidos practica un enfoque selectivo hacia los derechos humanos:
usa las normas internacionales para medir y juzgar a otros países, pero nunca parece
aplicárselas a sí mismo.»
«Además, las políticas del gobierno estadounidense llevan a menudo a que se sacrifiquen
los derechos humanos en aras de intereses políticos, económicos y militares, tanto en su
propio territorio como en el extranjero», ha añadido la organización. «Proporcionando
armas, equipos de seguridad y entrenamiento a otros países, Estados Unidos se vuelve
responsable de los mismos abusos que denuncia en el informe de su Departamento de
Estado.»
Según Amnistía Internacional, cuando se trata de derechos humanos, Estados Unidos
discrimina a países y a víctimas.
«El gobierno de Estados Unidos critica a menudo a los países que considera hostiles,
mientras que parece ignorar los abusos que cometen sus aliados o se abstiene de intervenir
cuando resulta contraproducente para los intereses estadounidenses. Por lo que respecta a
las víctimas, ni siquiera admite como tales las violaciones de derechos humanos que se
cometen en su propio territorio.»
Las violaciones de derechos humanos que se cometen en Estados Unidos son graves y
persistentes. Tan solo el año pasado Amnistía Internacional registró denuncias
regulares de tortura y malos tratos que incluían:
- la muerte de un preso después de que lo mantuvieron atado durante horas
a una tabla inmovilizante;
alegaciones de inmigrantes detenidos que fueron golpeados y torturados con escudos de
electrochoque mientras estaban detenidos en sillas de inmovilización cuádruple; y
el uso de cinturones paralizantes de electrochoque operados con mando a distancia durante
juicios y transporte de presos en más de cien jurisdicciones, incluyendo Luisiana, donde
se ha usado este tipo de cinturones en reclusos infectados con SIDA o VHI, de bajo nivel
de
seguridad.
En las prisiones y cárceles de Estados Unidos, el abuso físico y
sexual es endémico, y los métodos represivos de control, como las armas de electrochoque
y el uso prolongado de sillas de inmovilización cuádruple, están cada vez más en boga.
En el último decenio, las investigaciones sobre brutalidad policial en algunas
jurisdicciones -incluyendo Los Ángeles, Nueva York y el Distrito Federal de Washington-,
muestran una práctica de abusos sistemáticos. El Departamento de Justicia estadounidense
recibe miles de quejas cada año, cifra que según algunos representa sólo la parte
visible del iceberg. Las personas cuyos derechos se han violado reciben a menudo una
compensación económica en acuerdos extrajudiciales, de forma que, en la práctica, los
contribuyentes están pagando impuestos para que las autoridades tengan derecho a abusar
de su poder con impunidad.
Estados Unidos ni siquiera está cumpliendo con las normas internacionales mínimas
relativas al uso de la pena de muerte. Y, al ejecutar cada vez a mayor número de
personas, el país es una nota discordante en la tendencia internacional hacia la
abolición de la pena.
Las normas internacionales de derechos humanos exigen las máximas salvaguardias legales
para todos los procesos por delitos punibles con la muerte; tratan de restringir la
aplicación de esta pena; consideran la pena un castigo inaceptable para los enfermos
mentales; y prohíben se aplique a los delincuentes menores de edad. Nada de esto se sigue
en Estados Unidos. Por si no fuera bastante, con la ejecución de Sean Sellers a
principios de febrero, por delitos cometidos cuando tenía 16 años de edad, Estados
Unidos se ha convertido en el principal verdugo de niños delincuentes.
La aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos ha demostrado de forma consistente
su racismo, y los esfuerzos de las autoridades para reducir el lapso de tiempo entre
sentencia y ejecución, hacen que aumente sin cesar el riesgo de matar a un inocente.
Por lo que respecta al trato que reciben los solicitantes de asilo, las personas que
acuden a Estados Unidos en busca de refugio contra la persecución en sus propios países
se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a que las traten como criminales y las
encarcelen.
«Aunque el informe del Departamento de Estado estadounidense contribuye a recordarle a la
comunidad internacional la necesidad de mantenerse vigilante en materia de protección de
los derechos humanos, Estados Unidos no puede declararse inmune al escrutinio
internacional», ha dicho Amnistía Internacional.
«Las víctimas de los abusos que se cometen en Estados Unidos contra los derechos humanos
tienen derecho a no ser discriminadas. Y mientras Estados Unidos se niegue a admitir lo
que ocurre en su propia casa, estará discriminando a las víctimas», ha señalado
Amnistía Internacional.
«Además de investigar el estado de los derechos humanos en el extranjero, es hora de que
este país admita el estado en que se encuentran los suyos, y les dé solución.»
La actual campaña de Amnistía Internacional sobre
los derechos humanos en Estados Unidos se lanzó en octubre de 1998. En el marco de la
campaña, Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que adopte y cumpla
rigurosamente un código de conducta vinculante, basado en los derechos humanos, que
regule todas las transferencias de pertrechos, servicios y conocimientos militares, de
seguridad y policiales. |
