Amnistía Internacional Comunicado de prensa Martes 20 de abril de 1999

AI CRITICA LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA POR SU FALTA DE COHERENCIA Y TRANSPARENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AI reclama un plan global sobre derechos humanos que oriente la política exterior española La organización denuncia la falta de colaboración con la Justicia en los casos abiertos en la Audiencia Nacional sobre Argentina y Chile, y pide la ratificación de varios tratados internacionales AI solicita a la Casa Real que promueva activamente la abolición de la pena de muerte y la ratificación de tratados de derechos humanos en sus contactos con autoridades extranjeras, y pide al Congreso que aumente su control de la política de derechos humanos del Gobierno (Madrid). La política exterior española adolece de la falta de un planteamiento global coherente en materia de derechos humanos, lo que facilita que sigan predominando los intereses económicos y políticos en su relación con países donde se violan gravemente dichos derechos, según denuncia la Sección Española de Amnistía Internacional al publicar por primera vez un informe sobre la política exterior española en materia de derechos humanos. El informe denuncia asimismo la falta de transparencia del Gobierno para explicar su política de derechos humanos en su acción exterior, y formula recomendaciones concretas tanto al Gobierno, como al Congreso de los Diputados y a la Casa Real, con el fin de que se asuma el compromiso expresado en el programa electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones en 1996, según el cual "la política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos". AI considera, por contra, que los intereses comerciales y políticos han seguido predominando en las relaciones exteriores de España, y que las acciones emprendidas a favor de los derechos humanos en algunos países y circunstancias concretas no reflejan una política general de carácter sistemático. El ejemplo de las relaciones con Argelia es uno de los más ilustrativos. En este sentido, la organización reclama que el Gobierno elabore un plan global de derechos humanos en su política exterior, que sea cumplido por todos los Ministerios, y que sea revisado anualmente por el Congreso de los Diputados, en el que debe reforzarse la subcomisión de derechos humanos creada recientemente con carácter temporal. El informe detalla, entre otros temas, la acción exterior española en relación con los derechos humanos en Argelia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México y Perú. Una de las críticas del informe se refiere a la falta de colaboración, más allá de la debida por mandato legal, con los procesos abiertos en la Audiencia Nacional relativos a Argentina y Chile. AI denuncia que el Gobierno español no haya utilizado los mecanismos derivados de los convenios de cooperación jurídica vigentes con los citados países para denunciar los incumplimientos de las autoridades chilenas y argentinas para responder a las comisiones rogatorias solicitadas por los jueces instructores. Otro de los aspectos destacados en el estudio es el del comercio de armas. La organización pide que se promueva la discusión parlamentaria de una Ley reguladora de las Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales, así como que el Gobierno cumpla cabalmente con el mandamiento parlamentario sobre transparencia en las exportaciones de armas españolas, ya que el informe publicado en febrero de 1998 por el Ministerio de Economía sobre el periodo 1991-96 oculta información importante: mientras el informe oficial indica que dichas exportaciones ascendieron a 97.612 millones de pesetas en el citado periodo, estudios independientes aumentan dicha cifra a 240.000 millones. AI está preocupada también por la aparente falta de interés para comprobar si las armas vendidas por España son o no utilizadas para violar los derechos humanos, con especial referencia al caso de Turquía. El informe contiene otras recomendaciones, entre otras la ratificación y puesta en marcha del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y acciones concretas a favor de los derechos humanos en diferentes países, así como la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, y de los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El informe detalla también las relaciones entre AI y el gobierno español durante 1998, y destaca la falta de respuesta del presidente del Gobierno, José María Aznar, a las cartas y peticiones de entrevistas realizadas por la organización. El informe reconoce algunos aspectos positivos de la política gubernamental, entre los que destaca la ratificación de la Convención contra las minas antipersonales, la firma del Tratado que constituye la Corte Penal Internacional, la adopción del Código de Conducta sobre Transferencias de Armas de la Unión Europea, y las acciones concretas a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos en algunos países, como Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial, así como en el caso del español condenado a muerte en Estados Unidos. PUEDEN SOLICITAR ENTREVISTAS Y COPIAS COMPLETAS DEL INFORME EN LAS SEDES DE AI (SEDE CENTRAL: 913101277) O CONSULTARLO EN LAS PÁGINAS ESPECÍFICAS.

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