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Comunicado de prensa
Amnistía Internacional - Sección Española
16 de marzo de 1999



Amnistía Internacional reclama la libertad inmediata e incondicional de los cuatro presos de conciencia cubanos condenados

Los cuatro presos de conciencia cubanos pertenecientes al Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para el Análisis de la Situación Socioeconómica Cubana han sido condenados a penas de cinco años para Vladimiro Roca Antúnez, cuatro años para René Gómez Manzano y Félix Bonne Carcasés, y tres años y seis meses para Marta Beatriz Roque Cabello. Para Amnistía Internacional los cuatro han sido condenados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y por ello la organización seguirá pidiendo su liberación inmediata e incondicional.

Los cuatro condenados fueron detenidos el 16 de julio de 1997, pero no fueron informados de los cargos que se les imputaban hasta el 23 de Septiembre de 1998. Dichos cargos eran los de "Otros actos contra la seguridad del Estado" en relación con el delito de "sedición".

En los días precedentes a la fecha del juicio, que se produjo el 1 de marzo pasado, unos 100 disidentes fueron arrestados, aparentemente para impedir su labor periodística o de trabajo sobre los derechos humanos, o para impedir su asistencia al juicio, que se celebró a puerta cerrada, sin la presencia de diplomáticos y medios de comunicación extranjeros. La fiscalía solicitaba para los acusados penas de entre cinco y seis años.

Los cuatro presos de conciencia condenados fueron arrestados tras ofrecer una conferencia de prensa a la que asistieron periodistas extranjeros y en la que se distribuyó el documento "La patria es de todos" en el que se criticaba un documento oficial del gobierno cubano.

La condena de estos presos se produce en un momento en que la presión sobre los críticos del gobierno parece haber aumentado tras la entrada en vigor de la nueva "Ley para la protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba", destinada a combatir la disidencia política y que puede llegar a suponer hasta 20 años de condena para los periodistas y disidentes cubanos que se enfrenten a la acusación de trabajar en contra del Estado cubano. Para Amnistía Internacional esta nueva legislación es un paso más en la obstrucción de la libertad de expresión y puede conducir a un incremento de las medidas de represión tomadas contra los críticos del gobierno cubano.


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