Amnistía Internacional - Sección Española Comunicado de prensa 15 de octubre de 1999

En el aniversario de la detención de Pinochet, Amnistía Internacional urge al gobierno español a que colabore activamente con la justicia y rechace acuerdos que garanticen la impunidad Amnistía Internacional pide al Gobierno español que pase de la contemplación a la acción. (MADRID). Con motivo del primer aniversario de la detención del general retirado Augusto Pinochet en Londres (16 de octubre: una fecha que quedará en la historia como clave en la lucha contra la impunidad), la Sección Española de Amnistía Internacional ha emitido un informe sobre los importantes acontecimientos ocurridos durante este año, en el que se critica la falta de colaboración activa del gobierno español con los procesos abiertos en la Audiencia Nacional por violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile y Argentina. En este contexto, y ante las informaciones sobre la petición realizada por el gobierno de Chile al gobierno del Reino Unido para que paralice el proceso de extradición de Pinochet a España en virtud de razones humanitarias (lo que supondría su retorno a Chile y la perpetuación de la impunidad) Amnistía Internacional emplaza al gobierno Español a que se oponga con todos los medios a su alcance a tal eventualidad, al igual que lo ha hecho en otros casos en los que se ha denegado la extradición de personas reclamadas por la Justicia española. La postura del gobierno español ante esta posibilidad, quedó expresada en un artículo del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, publicado en el diario chileno El Mercurio el pasado 11 de julio de 1999, en el que afirma: "En fin, y dentro del ámbito de política exterior que le es propio, el gobierno español ha comunicado al gobierno chileno que respetará cualquier decisión de la justicia del Reino Unido en el caso de que ésta o el gobierno británico decidan apreciar razones de tipo humanitario para interrumpir la extradición a España y permitir el traslado a Chile del senador Pinochet". Amnistía Internacional considera que las "razones humanitarias" en el caso de un deterioro de la salud del general retirado Augusto Pinochet no pueden invocarse para su vuelta a Chile y paralizar el proceso judicial. Las "razones humanitarias" sólo pueden tenerse en cuenta para la ejecución de la pena, pero no deben garantizar la impunidad ante un proceso judicial en curso. El informe que presenta Amnistía Internacional muestra la preocupación de la organización "por la actitud del Gobierno español en este proceso, mas interesado por la marcha de las relaciones bilaterales entre España y Argentina y Chile que en ejercer su responsabilidad de colaborar activamente con la justicia en investigar los crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile que, además, tuvieron como víctimas a centenares de españoles. El Gobierno español, al contrario que otros muchos gobiernos, se ha limitado a cumplir administrativamente con la justicia en España mientras muy activamente trabajaba en pro de unas relaciones políticas y comerciales estrechas con Argentina y Chile. Las víctimas de la represión en Chile y Argentina no han tenido nunca una palabra de aliento por parte de las más altas instancias españolas, ni han sido recibidas por dichas autoridades". "Es más", añade el informe, "el Gobierno español, no ha invocado los Tratados Bilaterales que existen entre España y Chile y Argentina, para hacer que estos gobiernos cumplan con las exigencias legales de colaborar con la justicia". El informe de Amnistía Internacional incluye diversas recomendaciones al Gobierno español para que colabore activamente con este proceso, lo que incluye poner a disposición de la Audiencia Nacional toda la información que obre en su poder sobre violaciones de derechos humanos en el periodo objeto de investigación judicial. Si parte de esta información estuviese clasificada como "secreta" o "reservada", el Gobierno debe proceder a su desclasificación y entrega a la Justicia o justificar con claridad que pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado. El informe, que incluye recomendaciones a los parlamentarios españoles para que impulsen la colaboración activa de las autoridades españolas en este proceso, destaca los hitos históricos para la causa de la Justicia que se han producido durante este año, desde la decisión adoptada por la Audiencia Nacional de España el 29 de octubre de 1998 -por la que se ratificaba la competencia de los tribunales españoles para proseguir la investigación judicial-, hasta la sentencia del pasado 8 de octubre, por la que el tribunal británico competente autoriza la extradición de Pinochet a España, e incluye la posibilidad de que sea juzgado por los delitos de desaparición forzada que siguen sin esclarecerse. El informe analiza también el impacto de estos procesos en Argentina y Chile, e invoca el derecho de las víctimas a que se haga justicia, y añade que "la historia ha demostrado que sólo la verdad y el reconocimiento de las atrocidades cometidas pueden restañar las heridas del pasado". Se puede consultar el informe pulsando aquí. Para más información o conseguir copias del informe pueden llamar al teléfono 91 3101277, o contactar con los grupos locales de AI en el Estado Español

Comunicados de 1999