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Visita del Presidente de
Colombia a España
Amnisitía Internacional plantea a Aznar que pida a Pastrana medidas eficaces para
proteger los derechos humanos en Colombia.
(Madrid) Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del gobierno
español, José María Aznar, en la que le pide que aproveche sus próximas entrevistas
con el presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana, para plantear medidas
eficaces para proteger los derechos humanos en el país americano. La visita de Pastrana a
España está previsto que se inicie el próximo 15 de marzo.
Colombia vive una de las crisis de derechos humanos más graves de las existentes en el
mundo, determinada por la persistencia de uno de los conflictos armados más antiguos de
América Latina. A pesar del actual proceso de paz, todas las partes del conflicto han
intensificado sus acciones y continúan violando los derechos humanos, cuya principal
víctima
es la población civil que habita en las zonas de conflicto. Durante 1998, cientos de
civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y "desaparecidos" en el contexto de
la expansión territorial de los grupos paramilitares. Asimismo, se calcula que hay cerca
de 1.500.000 desplazados internos en Colombia huidos de sus hogares para salvar la vida.
El acoso a los
defensores de derechos humanos ha continuado con varios secuestros y asesinatos en los
primeros meses de 1999.
Alrededor del 75 por ciento de los homicidios políticos contra no combatientes en
Colombia corresponden a los grupos paramilitares, de cuyas vinculaciones con las fuerzas
de seguridad han dado suficientes pruebas tanto organismos de derechos humanos como
instituciones oficiales nacionales e internacionales. Hasta la fecha, ningún Gobierno
colombiano ha adoptado las medidas precisas para perseguir estas actividades y establecer
responsabilidades políticas ni penales.
Amnistía Internacional considera, en consecuencia, impostergable que las autoridades
españolas expresen con claridad a las autoridades colombianas la necesidad de poner en
práctica medidas urgentes, entre ellas:
- Promover cambios en la legislación colombiana para perseguir la desaparición
forzada, el genocidio y el desplazamiento forzoso. Asimismo, la legislación colombiana
deberá dejar bien claro que este tipo de delitos nunca deben ser competencia de los
tribunales militares, tal como recomendaron instancias como la Corte Constitucional (5 de
agosto de 1997), el defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, entre otras.
- Los militares imputados formalmente en violaciones de derechos humanos deben ser
apartados de todo servicio en tanto se desarrollan las investigaciones.
- Poner en marcha las medidas reiteradamente anunciadas para asegurar la
protección de los defensores de derechos humanos.
- Desmantelar los grupos paramilitares, que se procese a sus responsables y que se
determinen los vínculos entre estos grupos y las fuerzas de seguridad. En este sentido,
el Gobierno español debería recordar al colombiano que tales medidas estarían en
consonancia con las recomendaciones hechas al respecto por instancias como la Alta
Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, entre otras.
- Apoyar la prolongación del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandato que finaliza en abril de 1999, y
reforzar sus trabajo.
Amnistía Internacional recuerda en su misiva que el proceso de paz de ningún
modo debe condicionar los avances en derechos humanos, y que éstos de ninguna manera
deben depender de cualquier arreglo político que se derive de las conversaciones entre
las partes. En este sentido, la organización recuerda la petición realizada en una carta
remitida al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, el pasado 15 de febrero, en la
que con motivo de las próximas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se
pidió que el gobierno español promueva, junto a los demás gobiernos de la Unión
Europea, una resolución en la que la Comisión reitere su preocupación por la profunda
crisis de derechos humanos en Colombia.
/FIN
(para más información o entrevistas pueden llamar al teléfono + 34 91 310 12 77) |
