Llamamiento de AI con motivo de la manifestación contra la pena de muerte y a favor de Joaquín José Martínez del próximo domingo 12 de diciembre

LA SUSPENSIÓN UNIVERSAL DE LA PENA DE MUERTE ES UN OBJETIVO ALCANZABLE

Otro español, Nabil Nanakli, puede ser ejecutado ante un pelotón de fusilamiento en Yemen

(Madrid) Con motivo de la manifestación pluripartidista contra la Pena de Muerte, a la que Amnistía Internacional se adhiere, y que tendrá lugar el domingo 12 de diciembre en Madrid, la organización renueva su llamamiento para conseguir una suspensión de las ejecuciones judiciales en el mundo durante el año 2000. Amnistía Internacional ha iniciado con ese motivo una recogida de firmas en todo el mundo, junto a la Comunidad de San Egidio.

La citada manifestación ha sido convocada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento español, y cuenta con la adhesión de los principales sindicatos y asociaciones cívicas. Los convocantes piden la revisión del juicio en el que fue condenado a muerte en Florida el ciudadano español Joaquín José Martínez, así como la suspensión de las ejecuciones en el mundo. La manifestación comenzará a las 11.30 horas en la Puerta de Alcalá y terminará delante de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid

A pesar de la resolución promovida por más de setenta países, además de la Unión Europea, que pedía a todos los Estados que aún retienen la pena de muerte que dispusieran la suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena capital, la ONU decidió no emprender ninguna acción en la Asamblea General de este año, después de enfrentarse con la terminante oposición de algunos Estados.

Amnistía Internacional considera, sin embargo, que el objetivo de la suspensión es una meta posible y alcanzable. Ciento cinco países han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, y el número de los países abolicionistas aumenta todos los años. La tendencia mundial tiene una orientación clara hacia la abolición de la pena capital. No es casualidad que en las dos últimas décadas hayan abolido la pena de muerte una media de dos países al año. Antes o después todos los países que aún defienden la pena de muerte, aceptarán que la pena capital viola los derechos humanos fundamentales y no sirve a ningún objetivo penal legítimo. Amnistía Internacional seguirá apoyando todas las denuncias y acciones que persigan la abolición de la misma.

ESTADOS UNIDOS

En lo que va de año, y hasta principios de diciembre, en Estados Unidos 91 presos condenados a la pena capital han muerto envenenados con gas, electrocutados o mediante inyección letal. Entre el 8 y el 18 de diciembre había previstas otras 10 ejecuciones más, varias de ellas ya realizadas. Estados Unidos llegaría así a su ejecución número 100 en sólo un año, algo que no ha hecho desde 1951, y está a punto de sumar un total de 600 desde que reanudó los homicidios judiciales en 1977. De ellas, casi 500 se han llevado a cabo en los años 90. La arbitrariedad y parcialidad en la aplicación de la misma es un hecho demostrado. La minoría negra, que representa el 12% de la población total, por ejemplo, representa a su vez el 42% de los condenados a muerte. La condena a muerte está determinada por el color, el origen social o el abogado que tienen posibilidad de pagar los acusados.

Casos como el de Joaquín José Martínez que ha conmocionado a la opinión pública española y ha unido a todos los partidos parlamentarios españoles en su condena de la pena de muerte, es sólo uno de los muchos en los que las irregularidades del sistema judicial estadounidense se hace patente y al tiempo demuestra que la pena de muerte es una medida totalmente injusta, que en el caso de los extranjeros suele incluir la violación de los derechos consulares. 80 extranjeros, 53 de ellos hispanos, están condenados a muerte actualmente en el país.

UN ESPAÑOL ANTE EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO

Amnistía Internacional quiere llamar la atención sobre el caso de otro español condenado a muerte en el mundo: se trata de Nabil Nanakli, que se enfrenta a la posibilidad de ser fusilado en Yemen. Nanakli, ciudadano español de origen sirio, fue condenado a muerte en 1998, y su sentencia fue ratificada por un tribunal de apelaciones el pasado 20 de noviembre.

Amnistía Internacional pidió el pasado 13 de agosto la intervención de las autoridades españolas, que, según le consta a la organización, han hecho diversas gestiones para interesarse por su situación. Sin embargo, las perspectivas son muy negativas en estos momentos, aunque el condenado tenía aún, al parecer, la opción de recurrir su sentencia ante el Tribunal Supremo.

Nanakli fue condenado bajo la acusación de planear un atentado contra el actual primer ministro de Yemen, atentado que nunca se produjo, en un juicio en el que tanto él como otros acusados de realizar ataques con bombas declararon haber confesado bajo torturas. AI ha pedido a las autoridades de Yemen que conmuten su pena de muerte.