Amnistía Internacional 9 de marzo de 1999 Servicio de Noticias: 040/99 (ÍNDICE AI: AMR 41/04/99/s)

México: Necesidad urgente de una nueva dirección y de reformas judiciales Según un informe publicado hoy por Amnistía Internacional, para impedir que continúe agravándose la ya crítica situación de los derechos humanos en México se necesitan con urgencia importantes reformas judiciales y un claro cambio de dirección por parte del gobierno. El informe, titulado Mexico: The Shadow of Impunity, (México: La sombra de la impunidad) pone claramente de manifiesto las deficiencias del sistema judicial mexicano para abordar casos de derechos humanos y apunta a una falta de voluntad política como causa básica de que no se resuelva la crisis de derechos humanos que sufre el país. La tortura, la ejecución extrajudicial, la «desaparición» y la detención arbitraria son prácticas generalizadas en México. En los últimos cinco años, la situación se ha agravado de manera especial en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que sufren las consecuencias del conflicto entre las autoridades y los grupos locales de oposición armada. El informe de Amnistía Internacional señala como responsable directo de muchos de los abusos que se comenten al ejército mexicano, que continúa desempeñando un importante papel en la operaciones emprendidas para hacer aplicar la ley y combatir el narcotráfico y la sublevación. «En los estados de Guerrero y Oaxaca el ejército ha desempeñado con frecuencia funciones de seguridad sin presencia policial alguna y sin coordinación con las autoridades civiles locales -ha manifestado Amnistía Internacional-. Como forma habitual de obtener confesiones contra presuntos partidarios de la oposición armada, se ha detenido a sospechosos y se los ha mantenido recluidos en secreto y sometido a torturas». Los tribunales militares mexicanos, que se ocupan invariablemente de la investigación de los miembros del ejército implicados en violaciones de derechos humanos, no cumplen los debidos requisitos de independencia e imparcialidad y se utilizan como mecanismo de impunidad. El aumento de la presencia militar en Chiapas, en particular, parece estar haciendo creer a ciertos sectores afines al partido del gobierno, el Partido Institucional Revolucionario, y en los que están representados terratenientes y líderes políticos locales, por ejemplo, que ellos también pueden actuar con impunidad. Esta suposición se ve confirmada por la actitud tolerante de las autoridades hacia la posesión por tales sectores de armas de uso restringido y hacia las actividades de los denominados «grupos paramilitares». Fue en este contexto en el que se permitió que en diciembre de 1997 se cometiera en Chiapas la matanza de Acteal. «La aparición de grupos paramilitares en el estado de Chiapas es una característica particularmente alarmante de la crisis de derechos humanos de México -ha declarado Amnistía Internacional-. El alto grado de impunidad de que disfrutan estos grupos, que actúan en manifiesta connivencia con las autoridades, es uno de los muchos síntomas de la ausencia de un verdadero compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos». «El derecho de las víctimas y de sus familiares a una reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos sufridas no está totalmente garantizado por el sistema legal mexicano tal como se encuentra organizado actualmente», ha añadido Amnistía Internacional. «Cuando las víctimas dependen de abogados defensores de oficio que a menudo no asisten a los interrogatorios o de jueces que no investigan jamás las denuncias de tortura e incluso admiten las confesiones obtenidas por medio de ella, las posibilidades de conseguir acceso a la justicia son prácticamente nulas», ha explicado Amnistía Internacional. Además, los abogados de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen las manos atadas por un sistema jurídico sin disposiciones que permitan entablar acciones judiciales particulares contra los presuntos responsables. El procesamiento de éstos sólo pueden iniciarse por medio de las fiscalías federal o estatal, instituciones a las que se ha acusado de emplear a policías y a  otros funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos. Otros organismos gubernamentales, como las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, tienen que ingeniárselas para defender a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, desviar las críticas a las autoridades mexicanas. Los esfuerzos realizados de manera generalizada por las autoridades para privar de legitimidad al trabajo de los grupos mexicanos de derechos humanos, sumados a las restricciones impuestas a las visitas de observadores internacionales de derechos humanos, ponen en duda el compromiso declarado del gobierno de respetar las normas internacionales. Amnistía Internacional concluye su informe expresando satisfacción por las medidas adoptadas en los últimos años por el gobierno mexicano para mejorar la situación de los derechos humanos, pero al mismo tiempo hace hincapié en la necesidad urgente de poner en práctica las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La organización ha recomendado a su vez: «El gobierno mexicano debe invitar a visitar el país a los relatores especiales de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la independencia de los jueces y los abogados». Invitar a estos expertos en derechos humanos a visitar México podría transmitir a la comunidad internacional la idea de que las autoridades están dispuestas abordar el problema. «Esta voluntad por parte de las autoridades es esencial para que la sombra de la impunidad desaparezca para siempre de México», ha manifestado Amnistía Internacional para concluir. Para solicitar más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional (tel. +44 171 413 5562; la oficina dispone de línea RDSI).

Comunicados de 1999