Amnistía Internacional -Sección Española 3 de marzo de 1999 Declaración pública

Nota informativa de Amnistía Internacional sobre el juicio de los cuatro presos de conciencia juzgados el 1 de marzo         Los presos de conciencia Vladimiro Roca Antúnez, Marta Beatriz Roque  Cabello, René Gómez Manzano y Félix A. Bonne Carcasés -todos ellos miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para el Análisis de la Situación Socio-Económica Cubana-, fueron juzgados el 1 de marzo de 1999, aunque no se ha hecho pública aún la sentencia.         Amnistía Internacional cree que los cuatro presos han sido encarcelados por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión y de asociación y ha pedido su libertad inmediata e incondicional como presos de conciencia.         Los cuatro fueron detenidos el 16 de julio de 1997, aunque hasta el 23 de septiembre de 1998 no fueron acusados de «otros actos contra la seguridad del Estado», [artículo 125, c), del Código Penal cubano] en relación con un delito de «sedición» [artículo 100, c) del Código Penal cubano].         Los cuatro miembros del grupo fueron detenidos después de una conferencia de prensa celebrada en junio de 1997, a la que asistieron periodistas extranjeros, y en la que criticaron un documento de debate oficial titulado «El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que Defendemos». También hicieron entrega a los periodistas de una copia de su crítica del documento, titulada La Patria es de Todos.         Según una declaración del gobierno, el juicio ha finalizado y sólo queda conocer la condena. El gobierno ha afirmado también que el fiscal demostró la relación que había entre las actividades atribuidas a los acusados y las diferentes tácticas empleadas contra Cuba por Estados Unidos y manifestó que sus actividades violaban y fomentaban la violación de las leyes y normas del Estado cubano, especialmente los relativos a las inversiones extranjeras, y que eran compatibles con la Ley Helms-Burton y el endurecimiento del bloqueo económico estadounidense contra Cuba.         En su declaración, el gobierno afirmó también que estos actos promovían y alentaban a los ciudadanos cubanos a que no votaran en las elecciones, lo que es compatible con las campañas estadounidenses contra la isla en tal sentido. Para este tipo de delito, la ley establece una pena máxima de ocho años de prisión, aunque el fiscal solicitó seis años para Roca y cinco años para los demás procesados. Al parecer, el tribunal dispone de un plazo de doce días para hacer públicas sus conclusiones.         Amnistía Internacional ha emitido hoy una Acción Urgente (Acción Extra 31/99, AMR 25/11/99/s) para pedir la libertad inmediata e incondicional de los cuatro presos. También hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que en los últimos dos días hayan sido detenidos unos cien disidentes, en lo que parece haber sido un intento de impedirles que llevaran a cabo sus labores periodísticas o relacionadas con los derechos humanos o que asistieran la juicio de los cuatro disidentes. Según los informes, aunque la mayoría de los detenidos ya ha salido en libertad, no está claro cuántos permanecen recluidos ni quiénes son.         El 16 de febrero de 1999, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva ley de gran dureza destinada a combatir la disidencia política, denominada Ley para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, en virtud de la cual los disidentes y periodistas a quienes se declare culpables de trabajar contra el Estado cubano pueden ser condenados a penas de hasta veinte años de prisión y al pago de cuantiosas multas.         La ley establece una pena de entre siete y quince años de prisión por transmitir a Estados Unidos información que pueda ser utilizada para reforzar medidas anticubanas como el bloqueo económico estadounidense a la isla, pena que podría elevarse a veinte años si la información se adquiere de forma subrepticia. La ley prohíbe asimismo la propiedad, distribución o reproducción de materiales subversivos procedentes del gobierno de Estados Unidos y propone penas de hasta ocho años de prisión por colaborar con emisoras de radio y televisión y publicaciones a las que se considera favorables a la política de Estados Unidos.         Los medios de comunicación cubanos están controlados por el Estado y la libertad de expresión, de asociación y de reunión sufre graves limitaciones. Muchos periodistas que trabajan para agencias independientes han sufrido hostigamiento, han sido detenidos durante breves periodos de tiempo, han sido amenazados con ser detenidos si continuaban con su trabajo o se les ha conminado a que salgan del país. Otros han sido acusados formalmente o condenados y se han convertido en presos de conciencia (si desean más información, consulten la acción EXTRA 14/99, AMR 25/02/99/s).         Si desean más información sobre los casos de los cuatro presos, consulten los documentos externos AMR 25/16/98/s y AMR 25/24/98/s; y la Acción Urgente 221/97, AMR 25/20/97/s, y sus seguimientos AMR 25/21/97/s y AMR 25/23/97/s.

Comunicados de 1999