Amnistía Internacional -Sección Española 3 de marzo de 1999 Declaración pública

Amnistía Internacional pide la libertad de los cuatro presos de conciencia juzgados el 1 de marzo         Vladimiro Roca Antúnez, Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix A. Bonne Carcasés han sido encarcelados por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional como presos de conciencia.         Los cuatro presos -miembros todos ellos del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para el Análisis de la Situación Socio-Económica Cubana- fueron detenidos el 16 de julio de 1997, pero hasta el 23 de septiembre de 1998 no fueron acusados formalmente de «otros actos contra la seguridad del Estado», en relación con un delito de «sedición». El 1 de marzo de 1999 fueron juzgados, aunque no se ha anunciado aún la sentencia. Al parecer, el tribunal dispone de un plazo de doce días laborables para hacer públicas sus conclusiones.         Amnistía Internacional siente también preocupación por el hecho de que en los dos últimos días han sido detenidos unos cien disidentes, en lo que parece haber sido un intento de impedirles llevar a cabo su trabajo periodístico o en favor de los derechos humanos o asistir al juicio de los cuatro disidentes. Según los informes, la mayoría de los detenidos está ya en libertad, aunque no está claro cuántos permanecen recluidos ni quiénes son.             Los cuatro presos de conciencia que están en espera de conocer su condena fueron detenidos tras una conferencia de prensa celebrada en junio de 1997 a la que asistieron periodistas extranjeros, en la que criticaron un documento de debate oficial titulado «El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que Defendemos». También hicieron entrega a los periodistas de una copia de su crítica al documento, titulada La Patria es de Todos.         El 16 de febrero de 1999, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva ley de gran dureza destinada a combatir la disidencia política, denominada Ley para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, en virtud de la cual los disidentes y periodistas a quienes se declare culpables de trabajar contra el Estado cubano pueden ser condenados a penas de hasta veinte años de prisión y al pago de cuantiosas multas.         Amnistía Internacional siente preocupación por que esta nueva ley supone una obstrucción más a la libertad de expresión y podría hacer que se adoptasen medidas más represivas contra periodistas y personas con una postura crítica hacia el gobierno. En el caso de estos cuatro presos de conciencia podría usarse para imponerles condenas más duras.

Comunicados de 1999