Amnistía Internacional - Servicio de noticias ÍNDICE AI: AMR 22/18/99/s 3 de agosto de 1999

Chile: Hacer que los torturadores comparezcan ante la justicia es una obligación internacional Cualquier intento de llegar a un acuerdo sobre el caso de Augusto Pinochet fuera de los tribunales de justicia no sólo es una burla para las víctimas de la tortura y para la lucha de sus familias por la verdad y la justicia, sino para el propio derecho internacional, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las declaraciones se produjeron en el contexto de los informes según los cuales los gobiernos español y chileno están estudiando la posibilidad de poner fin al procedimiento que se sigue contra Augusto Pinochet para que el Reino Unido lo extradite a España. «La comunidad internacional no debe apartarse de su obligación legal de extraditar o procesar a los presuntos autores de torturas», ha manifestado Amnistía Internacional. Cualquier intento de resolver el caso de Augusto Pinochet mediante acuerdos entre ministros de Asuntos Exteriores, por motivos humanitarios o de otra índole que no se determinen judicialmente, o por cualquier medio distinto de un tribunal de justicia, desembocaría inevitablemente en que Augusto Pinochet eludiría la acción de la justicia, dadas las actuales condiciones judiciales y políticas de Chile. «La tortura es un crimen internacional y el incumplimiento por cualquier Estado de su obligación legal sería una violación del derecho internacional», ha declarado Amnistía Internacional. «Esta iniciativa constituiría un grave revés para la lucha contra la impunidad por la tortura y las "desapariciones", y un insulto para las víctimas y sus familias.» La organización de derechos humanos ha pedido garantías inmediatas a todos los Estados firmantes de la Convención contra la Tortura de que cumplirán las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Por otra parte, Amnistía Internacional ha señalado que Francia, Bélgica y Suiza han emitido también sendas solicitudes de extradición del general retirado chileno. También se están siguiendo actuaciones judiciales en Estados Unidos, en relación con el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores chileno Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976; en Argentina, por el asesinato, en 1975, del ex comandante en jefe del ejército chileno general Carlos Prats; y en Italia, en relación con los casos de ocho ciudadanos italianos que «desaparecieron» en Chile durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Amnistía Internacional ha reiterado que el Reino Unido, en virtud del artículo 7.1 de la Convención contra la Tortura, tiene la solemne obligación de extraditar o juzgar a cualquier persona acusada de haber cometido torturas que esté en su jurisdicción. Información general La detención de Augusto Pinochet en Londres el 17 de octubre de 1998 fue consecuencia de una comisión rogatoria (petición oficial) para interrogarlo cursada por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España. El juez Garzón está investigando casos de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile durante el régimen de Augusto Pinochet. La posterior presentación por parte del gobierno español de una petición formal de extradición, seguida de la sentencia de la Cámara de los Lores del Reino Unido que resolvía que el general retirado carecía de inmunidad, así como la decisión final del ministro del Interior británico de permitir que siguiera adelante el trámite de extradición, son algunos de  los hechos más importantes acontecidos en los últimos tiempos en el terreno de la aplicación de las normas de derechos humanos. El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores confirmó su sentencia, según la cual un ex jefe de Estado carece de inmunidad para ser juzgado por un delito internacional, y Augusto Pinochet podía ser extraditado por los crímenes de tortura y de conspiración para torturar cometidos después de diciembre de 1988, fecha en que el Reino Unido ratificó la Convención contra la Tortura. El 4 de junio de 1999, el magistrado de Bow Street [Bow Street Magistrate] señaló el 27 de septiembre de 1999 como fecha para iniciar la vista del procedimiento de extradición.

Comunicados de 1999