| El Informe de la Subcomisión de
Derechos Humanos: Un primer paso para lograr un mecanismo de control de la política
exterior española El Informe de la Subcomisión de Derechos Humanos, que está previsto que apruebe hoy el Congreso de los Diputados, es saludado por Amnistía Internacional (AI) como "una buena herramienta de trabajo para impulsar la promoción y protección de los derechos humanos, así como un primer paso para incrementar la transparencia en las políticas de derechos humanos del gobierno español". Sin embargo, la organización lamenta que el informe no proponga la creación de un mecanismo permanente de control de la política exterior española en materia de derechos humanos, aunque del contenido del informe se desprende un mayor interés en incrementar el control parlamentario. AI lamenta también que no se proponga que el gobierno elabore plan global y un informe anual sobre este tema, para que pueda ser debatido en el Parlamento. Sin embargo, el acuerdo parlamentario "considera que España debe continuar colaborando en la redacción del Informe Anual de la Unión Europea en materia de derechos humanos", y dice que "el Gobierno comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para presentar y debatir" dicho informe de la UE. La aprobación del Informe supone el fin de los trabajos de la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Exteriores del Congreso con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos humanos, que se celebró el pasado 10 de diciembre de 1998. La creación de esta Subcomisión fue, en opinión de AI, la principal contribución de las instituciones españolas a dicho aniversario. AI acoge con satisfacción las referencias del informe a la universalidad de los derechos humanos, a que "la justicia y los derechos humanos hoy no tienen fronteras", y a que los derechos humanos sean "uno de los elementos esenciales de la política exterior", entre otras. Otros puntos positivos del Informe son los que promueven la ratificación de los tratados internacionales, entre ellos el de la creación del Tribunal Penal Internacional, así como que se inste al Gobierno a promover, junto con los países de la UE, la abolición total de la pena de muerte en el mundo. Asimismo, AI ve con satisfacción que el Informe fomente las medidas de educación, formación y difusión de los derechos humanos, así como el respeto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Entre los aspectos negativos, en opinión de AI, figura (además de que no se proponga un mecanismo de control permanente ni la elaboración de un plan global y un informe anual), la falta de referencia a la necesidad de informar y colaborar con las Organizaciones No Gubernamentales implicadas en la defensa de los derechos humanos. AI acoge con satisfacción la recomendación parlamentaria de extremar el control y la transparencia de las transferencias de armas. En este punto, AI ha expresado su disconformidad con el retraso con el que el Gobierno ha informado sobre las ventas de armas españolas en cumplimiento del acuerdo del Parlamento de marzo de 1997, y porque dicha información no incluye el tipo de producto exportado a cada país. Según los datos publicados el 27 de abril por el Gobierno, correspondientes a las autorizaciones de exportaciones de armas del primer semestre de 1998, España ha exportado material por valor de 18.324 millones de pta., de los que 7.896 millones corresponden a Turquía. Por contra, un estudio de la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona cifra las ventas de ese semestre en 30.000 millones. Los datos oficiales de ese período siguen sin incluir las transferencias de seguridad y policiales, algo que el gobierno se ha comprometido a corregir en futuros informes. La organización lamenta que el Parlamento no haya aprovechado esta oportunidad para posicionarse en relación con la revisión del Código de Conducta sobre transferencias de armas adoptado por la Unión Europea en mayo de 1998, especialmente acerca del control de los intermediarios en las transferencias de armas. Informe de AI: Amnistía Internacional publicó el pasado 20 de abril un informe en el que se denuncia que "la política exterior española adolece de la falta de un planteamiento global coherente en materia de derechos humanos, lo que facilita que sigan predominando los intereses económicos y políticos en su relación con países donde se violan gravemente dichos derechos". El informe denuncia asimismo la falta de transparencia del Gobierno español sobre esta materia. La organización reclamó que el Gobierno elabore un plan global de derechos humanos en su política exterior, que sea cumplido por todos los Ministerios, y que sea revisado anualmente por el Congreso de los Diputados, y formuló recomendaciones concretas en relación con los derechos humanos en Argelia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México y Perú. |
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Comunicados de 1999 |