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Guinea Ecuatorial: Presos políticos
condenados a una «ejecución lenta»
Los 11 presos políticos condenados a muerte en Guinea Ecuatorial
el 1 de junio en realidad fueron condenados a una muerte lenta dadas
las terribles condiciones y la inanición que padecen en la cárcel.
Desde que fueron condenados a muerte se los mantiene en unas condiciones
atroces. No se les permite hablar con nadie y sólo pueden salir
de sus celdas una hora al día. Corren grave peligro de deshidratación
e inanición, ya que no se les permite recibir alimentos de sus familiares
y en la cárcel les dan muy poca comida», ha manifestado la organización.
«Si no se hace algo inmediatamente para mejorar su situación, muchos
pueden morir sin que haga falta siquiera ejecutarlos.» Los 11 presos
políticos fueron condenados a muerte por un tribunal militar en
Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, tras un juicio sumario y sin
garantías que se celebró en mayo, al que asistieron observadores
de Amnistía Internacional. El día que se dio a conocer la sentencia,
un pelotón de fusilamiento estaba ya dispuesto para ejecutarlos
en la playa cercana a la cárcel donde están detenidos, y sus tumbas
estaban
preparadas. En el último minuto, el presidente suspendió las ejecuciones.
En total, más de 110 personas fueron juzgadas por participar en
el ataque del 21 de enero de 1998 a un cuartel de la isla de Bioko,
que se saldó con la muerte de tres militares y de varios civiles.
Además de 15 condenas a muerte (cuatro de ellas in absentia), el
tribunal militar condenó a unas setenta personas a penas de cárcel
que oscilaban entre los seis y los veintiséis años. Todas las condenas
se basaron en confesiones extraídas bajo tortura.
Muchos de los acusados, entre los que predominaban miembros del
grupo étnico bubi de la isla de Bioko, parecían haber sido detenidos
únicamente por su pertenencia a esta etnia.
Varios de los detenidos que no han sido condenados a muerte también
sufren duras condiciones de prisión. Dos de ellos ya han sido trasladados
al hospital: Martin Puye (de 58 años), dirigente del Movimiento
para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB), que sufre
gastritis, y una joven, Milagrosa Cheba, enferma de malaria. Según
los informes, las autoridades penitenciarias se mostraron reacias
a dejar que los trataran en el hospital. Los detenidos que enferman
deben pagar su tratamiento.
Muchos de los presos están muy débiles tras las brutales torturas
sufridas durante el periodo de prisión preventiva, a consecuencia
de las cuales murieron al menos seis detenidos. Durante el juicio
de mayo, la delegación de Amnistía Internacional pudo observar claras
señales de tortura en los acusados, como fracturas de pies y manos.
«Tras sobrevivir a graves torturas, sus vidas se ven de nuevo amenazadas
por las terribles condiciones de prisión», ha afirmado Amnistía
Internacional.
La organización ha pedido de nuevo que se conmuten todas las condenas
a muerte y solicita a las autoridades que mejoren sustancial e inmediatamente
las condiciones de todos los presos, a los que se debe suministrar
alimentos y agua en cantidad suficiente y permitir que reciban tratamiento
médico profesional en caso necesario. Amnistía Internacional también
insta al gobierno a que permita a los presos acceder a alguna organización
internacional humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz
Roja.
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