La decisión sobre Pinochet: Nace una nueva era para los derechos humanos

La decisión del ministro de Interior del Reino Unido de ordenar que siga adelante la petición de extradición en el caso de Augusto Pinochet marca el nacimiento de una nueva era para los derechos humanos, según ha señalado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha manifestado: «En la víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni las víctimas de violaciones de derechos humanos ni los defensores de estos derechos en todo el mundo podrían haber soñado con una reafirmación más efectiva de los principios expuestos en la Declaración».

La petición formal por parte del gobierno español para que se permitiera la extradición, la decisión de la Cámara de los Lores británica de no otorgar la inmunidad al ex general y esta última decisión del ministro de Interior del Reino Unido constituyen algunos de los avances más importantes en materia de derechos humanos desde que se adoptó la Declaración Universal en 1948.

Amnistía Internacional ha subrayado: «Considerando las espantosas violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose en todo el mundo, el aniversario que se celebra esta semana será motivo de vergüenza para muchos gobiernos. Por ello, resulta profundamente alentador ser testigos de un paso tan importante contra la impunidad, sobre todo teniendo en cuenta la lucha que están librando en Chile desde hace un cuarto de siglo las víctimas y sus familiares».

Tras esta histórica decisión de Jack Straw, el siguiente paso será que el Metropolitan Magistrate (figura jurídica similar al juez de instrucción) compruebe si los gobiernos de España, Suiza, Bélgica o Francia han presentado pruebas suficientes para justificar la extradición. Si resuelve que sí lo han hecho, ordenará que el ex general permanezca detenido en espera de que el ministro de Interior decida si Pinochet será entregado a las autoridades de estos cuatro gobiernos o si, en caso de que el fiscal general de Inglaterra y Gales inicie una investigación penal, el ex general permanecerá en el Reino Unido. De acuerdo con las leyes tanto británicas como internacionales, no se podría tolerar que en esta decisión influyeran factores políticos, económicos o de otro tipo.

Amnistía Internacional ha declarado: «Mediante su cargo parlamentario autodesignado, la Ley de Amnistía de 1978 y las disposiciones especiales de la Constitución chilena, Augusto Pinochet ha erigido un muro impenetrable en torno a él y a otros acusados de violaciones de derechos humanos, por lo que en Chile resulta prácticamente imposible someterlo a juicio. La decisión de hoy acerca un poco más a la justicia a las víctimas y a sus familiares»

Información general

El arresto de Augusto Pinochet en Londres el pasado 17 de octubre de 1998 fue resultado de una comisión rogatoria para interrogarlo que había presentado el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española.  El juez Garzón había estado investigando casos de violación de derechos humanos que constituyen crímenes contra la humanidad cometidos en Chile durante el régimen de Augusto Pinochet.

 El 28 de octubre de 1998, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales declaró que su detención no había sido legal fundándose en que Pinochet gozaba de inmunidad contra el procesamiento, dada su condición de ex jefe de Estado. Amnistía Internacional se personó como tercera parte en el recurso presentado posteriormente contra la resolución del Tribunal Superior ante la Cámara de los Lores para que analizase las cuestiones jurídicas que suscitaban preocupación en torno al arresto.

Las fuerzas armadas bajo el mando de Augusto Pinochet aplicaron una política basada en la comisión sistemática y masiva de violaciones de derechos humanos y en una represión a gran escala, ejerciendo un control absoluto sobre los recursos del Estado y utilizándolo para cometer violaciones de derechos humanos, aprobando leyes represivas, negando a las víctimas remedio judicial, utilizando el sistema judicial para perseguir a los disidentes, colocando a la sociedad en una situación de indefensión total y generando un ambiente de terror entre la población.

Estos crímenes contra la humanidad cometidos mediante actividades de terrorismo de Estado, según el derecho internacional, están sometidos a los principios de la jurisdicción universal.  Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal de España contienen disposiciones que garantizan la jurisdicción de los jueces españoles para juzgar estos crímenes.