Tribunal Penal Internacional: AI pide al gobierno español que cambie su posición sobre los puntos clave para asegurar un tribunal independiente y eficaz

Asociaciones y personalidades de todos los sectores de la justicia  española, desde la Asociación Profesional de la Magistratura a Jueces  para la Democracia, apoyan un manifiesto con las reivindicaciones de AI,  a una semana de que se inicie la Conferencia Diplomática y mientras siguen en duda varios puntos esenciales para la creación y  funcionamiento de Tribunal Penal Internacional.

(Madrid). La Sección Española de Amnistía Internacional ha pedido al  Gobierno español que modifique su postura sobre varios puntos esenciales  para que el futuro Tribunal Penal Internacional (TPI) sea realmente  justo, imparcial y eficaz, a una semana de que se inicie en Roma la  Conferencia Diplomática que ha de decidir su creación y funcionamiento. 

        Uno de los temas claves en discusión es si el Consejo de  Seguridad de la ONU podrá paralizar o demorar los procesos iniciados por  el TPI, opción que apoya el Gobierno español, entre otros, y rechaza  Amnistía Internacional.  

Otro tema crucial es que el fiscal pueda presentar autos de  procesamiento basados en informaciones proporcionadas por víctimas,  familiares y otras fuentes fiables, opción que no apoya el Gobierno  español, que considera que los autos de procesamiento sólo pueden  basarse en información facilitada por los Estados, el Consejo de  Seguridad o el Secretario General de la ONU. 

        Las peticiones de la organización mundial de derechos humanos  vienen avaladas por el apoyo de un amplísimo abanico de la justicia  española a un manifiesto que se presenta hoy, en el que se recogen las  reivindicaciones que la organización considera básicas para que el  Tribunal Penal Internacional no se convierta, en opinión de AI, en un  "remedio ilusorio, que quizá incluso podría llegar a suponer un grave  retroceso en el imperio de la ley y de la justicia internacional". 

        El manifiesto ha sido apoyado por más de un millar de  personalidades y asociaciones del mundo de la justicia, que abarcan  desde la Asociación Profesional de la Magistratura a Jueces para la  Democracia, además de diversos Colegios de Abogados y juristas de  reconocido prestigio como Clemente Auger, Baltasar Garzón, Fernando  Álvarez de Miranda, José Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín o  Luís López Guerra. 

Temas claves en discusión 

Las cuestiones claves que quedan sin resolver son las siguientes: 

1. ¿Podrá el Consejo de Seguridad impedir que una causa se investigue o procese cuando esté considerando la situación en que se ha originado, en virtud de la atribución que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para mantener y restablecer la paz y seguridad internacionales?. 
   
   
2. ¿Podrá el fiscal emprender por iniciativa propia investigaciones  basándose en la información que le proporcionen las víctimas o sus  familiares, o cualquier otra fuente fidedigna, y sometido sólo al debido  examen judicial?. 
   
   
3. ¿Podrá el Tribunal Penal Internacional ejercer la misma competencia universal sobre el genocidio, otros crímenes contra la humanidad o los  crímenes de guerra que cualquiera de sus Estados Partes?. 
   
   
4. ¿Antes de empezar a investigar una causa, se requerirá al Tribunal  Penal Internacional que obtenga para actuar el consentimiento del Estado  que tiene la custodia del sospechoso o acusado, del Estado en que se cometieron los crímenes, del Estado del que la víctima es ciudadana, del  Estado del que el sospechoso o acusado es ciudadano, del Estado que solicita la extradición del sospechoso o acusado, o de cualquier otro  Estado interesado?. 
    
   

Posición del Gobierno español 

        La posición anunciada por el Gobierno español no apoya una  resolución positiva de tres de las cuatro cuestiones claves en duda, por  lo que Amnistía Internacional ha pedido un cambio de su postura. En  concreto, el Gobierno español ha anunciado que apoyará la tesis de que  el Consejo de Seguridad pueda paralizar investigaciones y procesos ya en  marcha. En la práctica, esta postura supone mantener el derecho de veto  de las grandes potencias. 

        Por otra parte, el Gobierno español ha anunciado que tampoco  apoyará la independencia del fiscal para que presente autos de  procesamiento basados en informaciones de víctimas, familiares y otras  fuentes fiables, lo que socava la independencia del Tribunal para actuar  sin la interferencia del Consejo de Seguridad o de los Estados afectados  por un posible proceso. 

        El Gobierno español tampoco apoya que el Tribunal pueda ejercer  la jurisdicción universal sobre cualquier Estado, sea o no Estado parte  del Tribunal, lo que restringe su ámbito de actuación. De hecho, en  virtud del derecho internacional, cualquier tribunal de cualquier Estado  tiene jurisdicción para juzgar casos de genocidio, crímenes contra la  humanidad y las violaciones graves del derecho humanitario cometidos en  cualquier lugar del mundo, por lo que si se limita la capacidad de  acción del TPI a los países que ratifiquen su estatuto se debilitará su  relevancia. 

        Sin embargo, Amnistía Internacional se congratula de que el  Gobierno español haya aceptado apoyar varios principios esenciales,  entre ellos la jurisdicción inherente o automática del Tribunal (sin  necesidad de que exista un consentimiento adicional por parte de los  Estados que hayan aceptado la jurisdicción del Tribunal), y que en su  competencia se incluyan los conflictos internos. 

        Amnistía Internacional ha publicado un documento con 16 puntos  esenciales, que incluyen los anteriormente citados, además de otros  extensos documentos que analizan todos los aspectos relacionados con el 
TPI.  

        Estos 16 puntos son, en resumen: 

1. El Tribunal deberá tener competencia sobre el crimen de genocidio. 
   
   
2. El Tribunal deberá tener competencia sobre los crímenes contra la  humanidad. 
   
   
3. El Tribunal deberá tener competencia respecto de las violaciones  graves del derecho humanitario tanto en los conflictos armados  internacionales como en los no internacionales. 
   
   
4. El Tribunal deberá asegurarse de que la mujer recibe justicia. 
   
   
5. El Tribunal deberá tener competencia inherente (automática). 
   
   
6. El Tribunal tendrá la misma jurisdicción universal que tiene  cualquier Estado parte en ella respecto de estos crímenes fundamentales. 
   
   
7. El Tribunal deberá tener la potestad de determinar, en todos los  casos y sin injerencia política de ninguna clase, si es competente y si  ejercerá esa competencia. 
   
   
8. El Tribunal deberá ser un complemento eficaz de los tribunales  nacionales cuando éstos no puedan o no quieran procesar a los  responsables de estos graves crímenes. 
   
   
9. Un Fiscal independiente deberá estar facultado para iniciar  investigaciones por iniciativa propia, basándose en información de  cualquier fuente, y sometido sólo al debido examen judicial. Asimismo,  deberá estar facultado para presentar órdenes de registro y de arresto,  así como autos de procesamiento para que el Tribunal los apruebe. 
   
   
10. Ningún organismo político, incluido el Consejo de Seguridad, como  tampoco los Estados, deberá estar facultado para detener o incluso  demorar una investigación o procesamiento en ninguna circunstancia. 
    
    
11. Con objeto de garantizar que se hace justicia, el Tribunal deberá  organizar programas eficaces para la protección de víctimas y testigos  en los que participen y a los que ayuden todos los Estados Partes, sin  perjuicio de los derechos de los sospechosos y acusados. 
    
    
12. El Tribunal deberá estar facultado para adjudicar a las víctimas y  sus familiares reparaciones en forma de restitución, indemnización y  rehabilitación. 
    
    
13. El Estatuto deberá garantizar a sospechosos y acusados el derecho a  un juicio justo de conformidad con las más importantes normas  internacionales en todas las fases del proceso. 
    
    
14. Todos los Estados Partes, y especialmente sus tribunales y  autoridades, deben colaborar plenamente y sin dilación con el Tribunal  en todas las fases de los procesos. 
    
    
15. El Tribunal deberá financiarse con cargo al presupuesto ordinario de  la onu, complementado, conforme a las adecuadas garantías para su  independencia, con el presupuesto para el mantenimiento de la paz y  aportaciones a un fondo fiduciario voluntario. 
    
    
16. No debe haber reservas al Estatuto 
     

        "Ningún gobierno que apoye sinceramente el establecimiento de un  Tribunal independiente y eficaz puede negarse a apoyar estos  principios", ha dicho Amnistía Internacional.