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30 de abril de 1998

 

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Tribunal Penal Internacional para Ruanda: AI denuncia logros y deficiencias y pide la colaboración de España

Tribunal Penal Internacional para Ruanda: AI denuncia logros y deficiencias y pide la colaboración de España El pleno del Congreso español vota el jueves 30 de abril una ley de cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda

(Madrid). Sólo un tribunal imparcial, justo y eficaz que reúna los máximos criterios de la ONU puede contribuir a poner fin al círculo de impunidad y   violencia y comenzar a restaurar el respeto a los derechos humanos en la región del África central, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha dado a conocer hoy. 

        Precisamente el jueves 30, el pleno del Congreso español vota la probación del Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con dicho Tribunal. AI considera positivo dicho proyecto, pero ha pedido, tanto a las autoridades como a los Grupos Parlamentarios, voluntad política para promover medidas eficaces, entre las que se incluyan la posibilidad de 
trasladar a España a testigos que no puedan regresar a Ruanda por razones de seguridad, e incluso que se acepte en cárceles españolas a aquellas personas que resulten condenadas tras un juicio con las debidas garantías. 

        El informe, titulado International Criminal Tribunal for Rwanda: Trials and tribulations, expone los logros y las deficiencias del Tribunal Internacional creado por el Consejo de Seguridad de la ONU en  noviembre de 1994 para juzgar a los responsables del genocidio y de otros crímenes contra la humanidad cometidos aquel año en Ruanda. 

        El informe denuncia las deficiencias de las normas y prácticas  del Tribunal que han perjudicado los derechos de los detenidos y ciertos  aspectos del derecho a recibir un juicio justo, y que han debilitado la  eficacia del Tribunal para juzgar a los criminales. 

        Amnistía Internacional respalda enérgicamente la labor del  Tribunal. Este órgano internacional ha hecho frente a enormes obstáculos  al tener que crear todo un proceso judicial partiendo de cero. Aislado  en Arusha, lejos de los principales nudos de comunicación de África,  varios de sus puestos cruciales han estado vacantes durante mucho tiempo  y sus funcionarios  tienen que aplicar las normas y reglamentos de la  ONU a un proceso judicial. 

        Pese a estas dificultades, el Tribunal tiene bajo su custodia a  algunos de las máximas autoridades del antiguo gobierno ruandés  presuntamente implicados en el genocidio, incluido el ex primer  ministro. Los testigos de la acusación y de la defensa han declarado  valerosamente en los primeros tres juicios, y se espera que la sentencia  del primero de ellos se haga pública en los próximos meses. Pero la  justicia para todos los ruandeses y el mundo significa que todos los  aspectos de los juicios han de ser incuestionablemente imparciales,  rápidos y eficaces. 

        Amnistía Internacional ha contrastado las actuaciones del  Tribunal en Arusha y Kigali con las normas y la mejor práctica  internacionales. La escasa experiencia en el funcionamiento de un  tribunal ha provocado ineficacia y confusión, retrasos inaceptables y,  en al menos un caso, una peligrosa filtración de datos confidenciales. 

        En algunas ocasiones, el Tribunal ha incumplido su propio  reglamento y las normas de la ONU sobre los derechos de los detenidos y  acusados. «Sin duda, es de esperar que un tribunal creado por la ONU  cumpla estrictamente los máximos criterios establecidos por la propia  ONU. Esto no ocurre siempre en Arusha», concluye Amnistía Internacional. 

        Entre las conclusiones de Amnistía Internacional figuran las  siguientes: 

  • El programa de protección de testigos del Tribunal es endeble y  carece de la experiencia necesaria, y podría estar poniendo en peligro  tanto a los testigos como a la justicia. Ningún Estado africano ni del  mundo ha accedido a permitir el traslado a su país de los testigos que  no pueden regresar sin riesgos a Ruanda y a proporcionarles protección. 

  • Algunos de los acusados llevan más de 30 meses en prisión, y  algunos podrían permanecer varios años encarcelados antes de que  concluya su juicio. Parte de los retrasos son responsabilidad del propio  Tribunal, debido, por ejemplo, a que éste disfruta de cuatro meses de  vacaciones anuales, y a los retrasos en procesar a los sospechosos y en  tramitar las peticiones de órdenes. 

  • Hay demoras inaceptables en la tramitación de las peticiones de  órdenes. En un caso, una solicitud urgente de protección a unos testigos  tardó tanto tiempo en tramitarse que se hizo superflua, al ser atacado 
    el campamento de refugiados donde estaban los testigos y dispersarse  éstos. En otra ocasión, nunca se tramitó una petición urgente de hábeas  corpus. 

  • En algún caso, la no aplicación de normas internacionales y del  reglamento del tribunal ha perjudicado a los derechos de los detenidos.  Por ejemplo, un acusado estuvo encarcelado en un centro de reclusión no  reconocido. En otra ocasión, una persona detenida por error en Nairobi  permaneció casi dos meses recluida ilegalmente en Arusha. 

  • El Tribunal no ha abierto aún ningún proceso contra miembros del  entonces Frente Patriótico Ruandés, presuntamente autores de abusos  durante 1994. 

  • Existe una preocupante y a veces peligrosa ausencia de una  estrategia competente para la difusión de información pública. En un  caso, el Registro distribuyó un documento que incluía nombres de  testigos que el tribunal había ordenado se mantuvieran confidenciales.  En otro caso, se distribuyó públicamente una orden de procesamiento por 
    unos delitos cuya imputación había anulado un juez. 


       Los Estados miembros de la ONU y de la Organización de la Unidad  Africana deben también preguntarse si están haciendo todo lo posible  para respaldar y reforzar el Tribunal. ¿Han promulgado leyes que  permiten su colaboración con el Tribunal? ¿Se han ofrecido a acoger y  proteger a testigos o a facilitar centros penitenciarios? ¿Se aseguran  de que el Tribunal recibe el apoyo económico y político que necesita? 

 

www.es.amnesty.org