AI afirma que el derecho internacinal obliga a que continuen los procesos abiertos en la Audiencia Nacional española.

Juicios en España por los crímenes cometidos contra la humanidad durante los regímenes militares en Argentina y Chile

(Madrid). Amnistía Internacional ha afirmado hoy que los tribunales  españoles tienen competencia sobre las violaciones sistemáticas a los  derechos humanos acaecidas durante los regímenes militares en Argentina  y Chile, ya que están obligados por el derecho internacional a juzgar  los crímenes contra la humanidad. Estos crímenes ofenden a la comunidad  internacional y ésta tiene el deber de perseguirlos. 

Así lo afirma un informe presentado hoy por Amnistía Internacional en  Madrid, cuando está pendiente una próxima decisión judicial sobre la  continuación o cierre de los procesos iniciados en dos juzgados de la  Audiencia Nacional de España en 1996 por crímenes ocurridos durante los  regímenes militares de Argentina (entre 1976 y 1983) y  Chile (entre 
1973 y 1990).  El informe analiza la obligación que se deriva del  derecho internacional para que se juzguen unos crímenes que han quedado  en su mayoría impunes,  y califica los hechos ocurridos en los citados  países, tales como la desaparición forzada y la tortura continuada de  miles de personas, como crímenes contra la humanidad, producto de 
prácticas de "terrorismo de Estado" 

Todos los Estados tienen la obligación de perseguir judicialmente a los  autores de crímenes contra la humanidad,  independientemente del lugar  donde fueron cometidos o de la nacionalidad del autor o de las víctimas.  En consecuencia, la justicia española está obligada por el derecho  internacional a continuar los procesos abiertos en 1996. 
El informe asegura que las amnistías e indultos que han permitido la  impunidad de los militares argentinos y chilenos autores de estos  crímenes no pueden ser invocadas como argumento para detener los  procesos abiertos en España, ya que organismos de las Naciones Unidas y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han considerado que son 
incompatibles con varios tratados de derechos humanos y con el derecho  internacional.  

"Los Tribunales españoles están habilitados para perseguir estos  crímenes y están en pleno derecho de ejercer su jurisdicción.  La Ley  Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal de España contienen  disposiciones  para que los Tribunales españoles  juzguen los crímenes  contra la humanidad cometidos en Argentina y Chile. Los resultados de  las iniciativas judiciales españolas tienen  un gran valor  en la  represión a los crímenes de lesa humanidad y pueden constituir un  importante precedente en la lucha contra la impunidad que debe llevar a  cabo la comunidad internacional.  Las autoridades argentinas y chilenas  en lugar de poner obstáculos,  deberían cumplir con su obligación de  cooperar con estas iniciativas para que  los responsables de crímenes  contra la humanidad sean llevados ante la justicia", señala el informe. 

En la presentación del documento participó el abogado argentino Horacio  Méndez Carreras, que formó parte de la acusación en el caso seguido en  un tribunal de justicia francés que en 1990 concluyó con la condena del  ex capitán de la Armada Argentina Alfredo Astiz por la detención ilegal,  la tortura y el secuestro de dos monjas francesas,  y que constituye un  claro precedente de justicia sin fronteras. 

La delegación de Amnistía Internacional que presentó el informe  estuvo formada por Federico Andreu, asesor legal de la organización, y  Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional sobre  Argentina y Chile. La delegación mantuvo una reunión con el director de  la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de  España. Amnistía Internacional requirió al gobierno español a que  colaborara activamente con los tribunales y le instó a que se interesara  en que las autoridades argentinas y chilenas cumpliesen los acuerdos  vigentes con España en materia de cooperación jurídica.