La decisión del Tribunal Supremo británico: un peligroso paso atrás para el derecho internacional

 La decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo Británico, garantizando la inmunidad de Augusto Pinochet, como ex-Jefe de Estado, supone un alarmante paso atrás en la lucha contra la impunidad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

"Esta decisión es muy decepcionante y vulnera peligrosamente la legislación internacional, la cual estipula la imposibilidad de aplicar inmunidad en procedimientos judiciales relativos a crímenes contra la humanidad", ha dicho la organización. "Esta decisión sienta un precedente preocupante de impunidad para aquellos que cometen crímenes contra la humanidad utilizando el aparato del estado. Asimismo, transmite el mensaje de que estos crímenes pueden ser perpetrados sin castigo".

"¿Cómo podemos creer las promesas realizadas por los Gobiernos de defender los Derechos Humanos si el derecho internacional es vulnerado garantizando la protección a aquellos que cometen crímenes contra la humanidad?", añadió
Amnistía Internacional.

De acuerdo con la legislación internacional, aquellas personas implicadas en crímenes contra la humanidad no pueden disfrutar de inmunidad, ya que la obligación de hacer justicia en estos casos es irrenunciable. Así fue establecido en el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y reconocido por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1946.
Amnistía Internacional urge a la Cámara de los Lores a aplicar este principio y  reiterar así el compromiso del Reino Unido de perseguir los crímenes contra la humanidad.

"El compromiso en la defensa de la legislación internacional en los casos de crímenes contra la humanidad ha sido defraudado por la decisión del Tribunal Supremo Británico hoy."

"Es imprescindible que las autoridades británicas no apoyen la impunidad bajo la que se han ocultado estos crímenes hasta ahora. Las autoridades del Reino Unido deben demostrar su compromiso, cooperando sin reservas con las iniciativas legales llevadas a cabo en España, Suiza y Gran Bretaña para castigar estos crímenes".

Estos principios del derecho internacional han sido reafirmados en los Estatutos de los Tribunales Internacionales de la ex-Yugoslavia y Ruanda, así como en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional adoptado en Roma en julio de este año. Gran Bretaña ha contribuido valiosamente a este y otros esfuerzos para instaurar  una justicia penal internacional.

"Este hecho agrava aún más la decepción que ha causado la decisión del Tribunal Supremo Británico hoy. Es una contradicción en relación a las futuras acciones del Tribunal Penal Internacional ya que este Tribunal será competente para juzgar a cualquier persona incluyendo ex-Jefes de Estado".

El Estatuto del Tribunal de Nuremberg establece en su artículo 7 que: el status oficial de los acusados, en el caso de que sean Jefes de Estado o funcionarios gubernamentales no influirá en su responsabilidad penal ni será un atenuante de la pena. La sentencia del Tribunal establece que: El principio del derecho internacional que protege a los representantes del Estado en determinadas circunstancias no es aplicable a los actos que constituyen crímenes de derecho internacional. Los autores de estos actos no pueden invocar su condición de funcionarios para sustraerse a la acción de
la justicia.