Guatemala: AI pide que España exija medidas contra la impunidad como respuesta al asesinato del obispo que denunció la verdad

La organización reitera la urgente necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos.

(Madrid). El asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi -impulsor del informe sobre la verdad presentado el pasado viernes por la iglesia guatemalteca- pone de relieve las consecuencias de la impunidad, de la que siguen gozando la casi totalidad de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Ni siquiera los casos más recientes y emblemáticos -como la matanza de 11 indígenas retornados en Xamán en 1995- han producido condenas judiciales. 

        La Sección Española de Amnistía Internacional ha reiterado su petición de que se impulsen medidas contra la impunidad. "El presidente de Guatemala ha prometido hacer todo lo posible para esclarecer el sesinato de monseñor Gerardi. Ojalá cumpla su palabra y la extienda a las miles de víctimas de la represión denunciada en el informe 
presentado el pasado viernes, en el que se acusa a las fuerzas armadas de ser responsables de cerca del 90% de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país", ha dicho un portavoz de la Sección Española. 

        AI emitió ayer un comunicado de condena tras conocerse la muerte del obispo Gerardi, y exigió una investigación completa de su asesinato.
 
        Durante 1997, con motivo de una campaña sobre Guatemala, AI pidió reiteradamente al gobierno guatemalteco que hiciese realidad su promesa sobre derechos humanos, y al gobierno español una postura firme sobre el tema en sus relaciones diplomáticas. Las respuestas de ambos gobiernos no fueron satisfactorias. 

        AI considera que una paz auténticamente firme y duradera ha de basarse en la justicia y en la genuina protección de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. La organización propuso el año un programa de 35 puntos para poner fin a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos. AI denunció la falta de voluntad política de las autoridades para que se haga justicia, y que las violaciones de derechos humanos no son sólo cosa del pasado. Durante la primera mitad de 1997, al menos 66 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.