La resolución sobre el caso Pinochet:  Un paso histórico hacia el fin de la impunidad

        Amnistía Internacional ha afirmado que la decisión hecha pública hoy por la Cámara de los Lores del Reino Unido de revocar la resolución del  Tribunal Superior mediante la que se concedía inmunidad a Augusto Pinochet
 constituye un hito contra la impunidad.
 
       La decisión, que deja expedito el camino para la extradición de  Augusto Pinochet a España, podría finalmente suponer que el ex general  tenga que sentarse ante un tribunal de justicia que determine su  culpabilidad o inocencia por los millares de casos de tortura, homicidio y  «desaparición» que tuvieron lugar durante el tiempo en que Augusto  Pinochet ejerció el poder.
 
       El siguiente paso clave consiste en que Jack Straw, ministro del  Interior británico, cumpla la solicitud de expedir orden de extradición y  no adopte medidas que pudieran impedir que los tribunales de justicia  competentes tomen una decisión sobre los cargos formulados contra el ex  general.
 
       Además de su histórica importancia, la decisión de los lores  magistrados es una noticia que los familiares de los miles de personas que  fueron torturadas, muertas o que *desaparecieron+ durante el régimen  militar chileno acogen con gran satisfacción.
 
       A diferencia de Augusto Pinochet, las víctimas y sus familiares no  han gozado del beneficio a un adecuado proceso judicial. Este es el motivo  por el que más de un cuarto de siglo después de esos trágicos sucesos, la  comunidad internacional se ha convertido en el único recurso para los  afectados.
 
       Amnistía Internacional formula ahora un llamamiento para que se  reforme la legislación británica que pudiera interpretarse como obstáculo  a la obligación, establecida por la legislación internacional, de juzgar a  toda persona sospechosa de crímenes de lesa humanidad. La organización  pide también que las autoridades británicas colaboren con cualquier Estado  que haya decidido procesar a personas responsables de crímenes contra la  humanidad.
 
       La decisión adoptada hoy, a sólo unas semanas del cincuentenario de  la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebra el 10 de  diciembre, reafirma el compromiso de la comunidad internacional en favor  del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales para todos.
 
 Información general
 
       El arresto de Augusto Pinochet en Londres el pasado 17 de octubre de  1998 fue resultado de una comisión rogatoria para interrogarlo que había  presentado el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española.  El  juez Garzón había estado investigando casos de violación de derechos  humanos que constituyen crímenes contra la humanidad cometidos en Chile  durante el régimen de Augusto Pinochet.
 
       El 28 de octubre de 1998, el Tribunal Superior de Justicia de  Inglaterra y Gales declaró que su detención no había sido legal fundándose  en que Pinochet gozaba de inmunidad contra el procesamiento, dada su  condición de ex jefe de Estado. Posteriormente se presentó recurso contra  la resolución del Tribunal Superior ante la Cámara de los Lores para que  analizase las cuestiones jurídicas que suscitaban preocupación en torno al  arresto.
 
       Las fuerzas armadas bajo el mando de Augusto Pinochet aplicaron una  política basada en la comisión sistemática y masiva de violaciones de  derechos humanos y en una represión a gran escala, ejerciendo un control  absoluto sobre los recursos del Estado y utilizándolo para cometer  violaciones de derechos humanos, aprobando leyes represivas, negando a las  víctimas remedio judicial, utilizando el sistema judicial para perseguir a  los disidentes, colocando a la sociedad en una situación de indefensión  total y generando un ambiente de terror entre la población.
 
       Estos crímenes contra la humanidad cometidos mediante actividades de  terrorismo de Estado, según el derecho internacional, están sometidos a  los principios de la jurisdicción universal.  Asimismo, la Ley Orgánica  del Poder Judicial y el Código Penal de España contienen disposiciones que  garantizan la jurisdicción de los jueces españoles para juzgar estos  crímenes.