El Pleno del Congreso vota el jueves 23 de abril la aprobación del texto

El proyecto de ley de cooperación internacional al desarrollo no fomenta la protección de los derechos humanos.

(Madrid) - La cooperación española al desarrollo no fomentará adecuadamente la protección de los derechos humanos en los países receptores de la ayuda, según el análisis que Amnistía Internacional (AI) ha realizado del proyecto de Ley de cooperación internacional para el desarrollo, que se debate el jueves 23 en el Congreso de los Diputados. 

"El Proyecto olvida a las víctimas", afirma AI, que asegura que "si durante su tramitación en el Senado no se introducen modificaciones sustanciales en el texto, la Ley de Cooperación nacerá coja en uno de sus pilares fundamentales: los Derechos Humanos". 

AI había pedido que la promoción y defensa de los Derechos Humanos fueran el eje transversal de la política de cooperación al desarrollo. Aunque se han introducido modificaciones en el sentido de dicha propuesta, siguen faltando medidas que concreten dicho objetivo en el articulado de la ley. 

Por ejemplo, el texto del Proyecto no recoge entre sus objetivos la asistencia a víctimas y familiares que hayan sufrido violaciones de derechos humanos, como "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales, torturas o masacres. 

La cooperación técnica tampoco incluye el envío de observadores imparciales en el marco de misiones internacionales de investigación sobre la situación de los Derechos Humanos en aquellos países que no garanticen plenamente su respeto, de acuerdo con los pactos y convenios asumidos internacionalmente. 

Asimismo, tampoco se ven reflejadas garantías para que los programas sobre formación o asesoramiento a personal judicial, policial o militar incluyan previsiones específicas sobre la legislación internacional y nacional que protege los derechos fundamentales, así como sobre la evaluación periódica de los resultados.  

La cooperación económica y financiera no prevé excluir, de la cooperación para el desarrollo, la donación, venta, intercambio o transferencia de material, tecnología, personal y formación militar, de seguridad y policial que pueda contribuir a la comisión de violaciones de Derechos Humanos, así como la ayuda financiera o logística que, directa o indirectamente, facilite las actividades citadas. 

Tampoco reconoce la Ley la necesidad de que los acuerdos de cooperación económica y financiera tengan en cuenta el respeto de los derechos fundamentales en el país beneficiario, ni especifica alusión alguna a las contribuciones económicas destinadas a financiar las actividades de las organizaciones intergubernamentales que velan por el respeto de los derechos fundamentales, como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, la nueva redacción de la Ley sí prevé, en general, la colaboración y cofinanciación de programas con organismos internacionales de carácter financiero y no financiero. 

Por otra parte, AI insiste en que la Educación en Derechos Humanos sea una de las claves de la cooperación al desarrollo. Aunque parece que la nueva redacción del apartado destinado a la Educación para el desarrollo incluye implícitamente la Educación en Derechos Humanos, AI insiste en que la Educación en Derechos Humanos se especifique en el texto, por las particularidades de este instrumento de cooperación, la necesidad de contar con expertos formados en la materia, y las dificultades con las que se tropieza a la hora de hacer consciente a la sociedad de la problemática de los derechos fundamentales.