Un informe de Amnistía Internacional denuncia la pasividad del gobierno español ante la crisis de derechos humanos en Argelia

(Madrid)  Un informe de la Sección Española de Amnistía Internacional denuncia la inacción del gobierno español ante la continua crisis de derechos humanos que padece la población argelina, pese a la preocupación expresada hace alrededor de un año tras la repercusión en  la opinión pública de varias masacres. La realidad es que las prometidas  iniciativas políticas sólo han servido para mejorar la imagen del  gobierno argelino sin que hayan tenido ninguna repercusión sobre la  situación de los derechos humanos en un país situado a 200 kilómetros de  la frontera española.

         Esta pasividad hacia la suerte de miles de personas víctimas de «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de  las fuerzas de seguridad argelinas o de terribles abusos por parte de  grupos armados, contrasta con los frecuentes intercambios políticos y  comerciales entre Argelia y España, señala el informe, que destaca  también las restricciones a la hora de tramitar solicitudes de asilo de  ciudadanos argelinos.

         El informe pone de manifiesto la decepción de Amnistía Internacional  por la posición del gobierno español, especialmente después de las  esperanzas alentadas por una carta remitida el pasado 13 de febrero de  1998 a la organización por el secretario de Estado de Política Exterior,  Ramón de Miguel Egea, en la que afirmaba, en relación con el  nombramiento de un Relator Especial para Argelia, que: «participo de la  convicción de que la presencia de un relator especial para Argelia  nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  arrojaría una indispensable luz sobre las últimas masacres y otros  abusos que han sobrecogido a la opinión pública de nuestro país».

         Sin embargo, la posición del gobierno español fue finalmente muy  distinta, y tras una visita a España del ministro de Asuntos Exteriores  de Argelia, las autoridades españolas notificaron que no apoyaban el  nombramiento de un Relator Especial para Argelia.  Esta postura fue  tristemente compartida por la Unión Europea durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

         Casi ocho meses después, con centenares de muertos más, la situación de  abusos y violaciones a los derechos humanos en Argelia continúa ante la  pasividad de la comunidad internacional. El informe analiza críticamente  las iniciativas emprendidas en los últimos meses, como un informe  elaborado por una  delegación de las Naciones Unidas encabezada por el  ex presidente portugués Mario Soares, o la visita a Argelia de una  delegación del Parlamento Europeo. Iniciativas que no han permitido  aclarar nada y que sólo han servido para lavar la imagen del gobierno  argelino, en vez de propiciar la puesta en marcha de una investigación  internacional independiente, como han solicitado AI y otras importantes  organizaciones, como paso previo para poner en marcha iniciativas  eficaces.

         El informe elaborado por la Sección Española de AI menciona también la  preocupación por las restricciones en materia de asilo y refugio. Según  datos oficiales,  273 argelinos habían presentado solicitud de asilo en  España durante el año 1997,  pero 126 de tales solicitudes fueron  inadmitidas a trámite tras un examen somero. Asimismo 324 ciudadanos  argelinos fueron expulsados de España hacia Argelia en el mismo periodo.  AI ha expresado su preocupación por el hecho de que las solicitudes  presentadas por ciudadanos argelinos no se analicen con el debido rigor  que demanda la crisis de derechos humanos que vive Argelia, así como que  no se adopten medidas para asegurar que las personas de nacionalidad  argelinas expulsadas de España no corran el riesgo de ser sometidas a  violaciones de derechos humanos a su llegada a Argelia.

         El informe incluye varias recomendaciones para que las autoridades  españolas jueguen un papel positivo con relación a la crisis de derechos  humanos en Argelia.