Debate sobre el Estado de la Nación: AI pide a Aznar que anuncie un Plan Nacional sore Derechos Humanos

(Madrid). La Sección Española de Amnistía Internacional  pide al  presidente del gobierno, José María Aznar, que aproveche el debate sobre  el Estado de la Nación para anunciar la elaboración de un Plan sobre  Derechos Humanos, con ocasión del 50 aniversario de la Declaración  Universal y del 20 aniversario de la Constitución española. 

        "Consideramos que son unas efemérides suficientemente relevantes  como para que las autoridades hagan una propuesta sobre qué debe cambiar  en su política para adecuarla plenamente a la Declaración Universal de  Derechos Humanos, y cumplan así con el compromiso que España adquirió en  1993 con motivo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada  en Viena", ha declarado Esteban Beltrán, director de la Sección Española  de AI.  

        Amnistía Internacional presentó a finales del pasado mes de  marzo el documento España: Programa para la protección y promoción de  los Derechos Humanos, con motivo de la visita a España del Secretario  General de la organización, Pierre Sané. Un Programa que pretende ser  una aportación al plan que debería redactar el gobierno, basado en los  temas incluidos en el mandato de acción de Amnistía Internacional. 
         
        El Programa ha sido presentado tanto al Gobierno como a los  Grupos parlamentarios. "Esperamos que tanto el presidente como los  portavoces de los Grupos se definan sobre nuestras propuestas y  promuevan la creación de un Plan Nacional que mejore la protección y  promoción de los derechos humanos tanto en España como desde España".  

        Las recomendaciones incluidas en el documento elaborado por AI,  que recuerda que el  manifiesto electoral con el que el Partido Popular  se presentó a las últimas elecciones, indicaba que la política exterior  tendría como eje central la defensa de los derechos humanos, se resumen  en los siguientes puntos: 

1. La política exterior del Gobierno debe tener como eje integrador  la promoción de los  Derechos Humanos. 
   
   
2. Las autoridades deben iniciar una política activa para  contribuir a terminar con las crisis de los derechos fundamentales en  Argelia, Colombia y México. 
   
   
3. El Gobierno español debe colaborar para que la Audiencia  Nacional juzgue a los sospechosos de haber cometido gravísimas  violaciones de Derechos Humanos en Argentina y Chile. 
   
   
4. Conseguir un Tribunal Penal Internacional permanente justo,  eficaz e independiente debe convertirse en una prioridad para el  Gobierno. 
   
   
5. No debe permitirse el comercio de armas que, razonablemente, se  pueda pensar que van a ser utilizadas para cometer violaciones de  Derechos Humanos. 
   
   
6. La Unión Europea debe proteger los Derechos Humanos tanto en el  ámbito interno, como en sus relaciones con terceros países.
    
   
7. El Proyecto de Ley de cooperación internacional para el  desarrollo debe convertirse en un instrumento que promueva los derechos  fundamentales en otros países. 
   
   
8. El Gobierno español debe atender las recomendaciones del Comité  de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas  para evitar nuevos casos de malos tratos y tortura. 
   
   
9. La legislación y la práctica de las autoridades en materia de  asilo debe asegurar que cualquier persona que corra riesgo de sufrir  violaciones de Derechos Humanos en su país, encuentra protección en  España. 
   
   
10. El Proyecto de Ley Orgánica de cooperación jurídica  internacional en materia penal debe garantizar que ningún asilado es  devuelto a su país de origen. 
    
    
11. Los programas de enseñanza y formación de todas las fuerzas de  seguridad deben incluir la educación en derechos humanos. 
    
    
12. La legislación debe contemplar la posibilidad de que una persona  se declare objetor de conciencia después de haberse incorporado al  servicio militar. 
    

Por otra parte, el Programa elaborado por AI insiste en las condenas  realizadas por la organización con motivo de los atentados perpetrados  por ETA. "La prohibición de la tortura y de los homicidios deliberados y  arbitrarios se basa en un consenso internacional de que estos actos no  deben cometerse jamás. Cuando un grupo armado tortura a las personas que  ha secuestrado o comete homicidios deliberados y arbitrarios está  asestando un golpe a los principios humanitarios y a los dictados de la  conciencia pública", señala el documento, que recuerda que "El Comité de  Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó, en sus Observaciones  finales al Cuarto Informe Periódico del Gobierno Español, su  «preocupación de que grupos terroristas siguen cometiendo atentados  sanguinarios que ocasionan la pérdida de vidas humanas y afectan a la  aplicación del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] en  España»". 

"No estamos pidiendo medidas utópicas, sino medidas que están al alcance  de las autoridades si tienen voluntad política de cumplir plenamente con los tratados que han firmado y ratificado", añadió Beltrán.