Pena de muerte - Campaña sobre Estados Unidos

NOTA: Esta campaña ha finalizado. La información contenida puede no estar actualizada

De la horca a la silla eléctrica y de ahí a la
inyección letal: ¿cuánto más van a
disfrazarlo?
Y cuanto más lo disfrazan más feo es.

Scott Blystone, condenado a muerte recluido
en Pensilvania, 1997.

Desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte.

Las normas internacionales intentan restringir el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Prohiben su imposición a niños, la consideran inaceptable como castigo de deficientes mentales y exigen las máximas salvaguardias jurídicas en los juicios por delitos penados con la muerte. Estados Unidos no cumple nada de esto.

Más de un centenar de países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Estados Unidos, en cambio, ha aumentado el número de ejecuciones, así como el de delitos punibles con la muerte. En la actualidad el castigo capital figura en el Código Penal de 38 estados.

Los niños no tienen aún uso de razón. Nadie debe ser condenado a muerte por un delito que haya cometido antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, en 24 estados de Estados Unidos se puede imponer a las personas la pena capital por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.

Shareef Cousin, de 16 años de edad, se convirtió en el condenado a muerte más joven de Estados Unidos cuando en 1996 le impusieron la pena capital en Luisiana.
La fiscal basó su actuación en la declaración de una testigo presencial amiga del hombre asesinado. Después del juicio una fuente anónima envió a los abogados del muchacho una copia de la declaración original hecha ante la policía por la testigo, quien decía en ella que no podía describir al agresor porque estaba oscuro y no llevaba puestas las gafas. La fiscal había ocultado esta información a la defensa; asimismo, se demostró que había presionado a un informante para que declarara en contra de Shareef Cousin, y fue acusada de ocultar también a testigos de descargo. En la vista de apelación celebrada a principios de 1998 se concedió a Shareef Cousin el derecho a ser sometido de nuevo a juicio.

EJECUTAR RETRASADOS MENTALES ES CONSTITUCIONAL

En 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que no era anticonstitucional ejecutar a retrasados mentales. Desde entonces se han llevado a cabo alrededor de treinta ejecuciones de personas con deficiencias psíquicas. No obstante, también se han tomado algunos medidas positivas. En 1998 Nebraska se ha convertido en el duodécimo estado que prohibe en su legislación la ejecución de retrasados mentales presos.

El hecho de que una persona sea condenada a muerte o a cadena perpetua puede depender más de su abogado que del delito cometido. Un encausado que no tenga medios para contratar a un abogado competente y con experiencia corre más riesgo de ser condenado a muerte que uno que sí los tenga.

Calvin Burdine, homosexual declarado, fue condenado a muerte en Texas en un juicio en el que estuvo defendido por un abogado que se refería a los homosexuales con términos como «maricas» y «sarasas», que no se entrevistó con ningún testigo para preparar la defensa y al que se vio quedarse dormido repetidas veces durante el proceso. Calvin Burdine continúa recluido en el pabellón de los condenados a muerte; su ejecución se ha suspendido ya dos veces cuando faltaban solo unas horas para llevarla a cabo.

No se sabe cuántos presos han sido ejecutados en Estados Unidos por delitos que no habían cometido. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas a las que se les quitó la vida a pesar de existir serias dudas acerca de su culpabilidad.

CONDENADOS INOCENTES

A Curtis Kyles lo dejaron en libertad en 1997 y retiraron los cargos presentados contra él. Había estado catorce años en prisión y a punto de ser ejecutado en dos ocasiones. Con él fueron ya 75 las personas excarceladas desde 1973 al descubrirse que habían sido condenadas a muerte por error.

La pena de muerte se ha convertido en Estados Unidos en un instrumento para hacer campaña política. Los políticos que se pronuncian en su contra son tachados por sus adversarios de «blandos con la delincuencia». Los que son favorables a ella compiten entre sí para ver quién la aplicará con más rigor. A finales de 1994, el fiscal del distrito de la ciudad de Oklahoma basó su campaña para la reelección en el récord de haber «enviado a 44 asesinos al pabellón de los condenados a muerte».

La crueldad de la pena de muerte es innegable cualquiera que sea el método utilizado para aplicarla. La víctima, una persona a la que el Estado ha dejado desamparada, vive confinada bajo la amenaza de la muerte a veces durante años y, con frecuencia, en terribles condiciones. La mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal. Pero este método no es, como se afirma a veces, un indoloro proceso clínico.

Tommy Smith fue ejecutado en Indiana en 1996. El equipo encargado de hacerlo estuvo dieciséis minutos buscándole una vena en el brazo antes de llamar a un médico que trató en vano de insertarle una aguja en el cuello. Al cabo de treinta y seis minutos le inyectaron por fin el veneno en una vena del pie. Tommy Smith estuvo totalmente consciente durante todo el proceso.

Manifestantes congregados a la entrada de la prisión donde el 3 de febrero de 1998 fue ejecutada Karla Faye Tucker.
Durante su estancia en el pabellón de los condenados a muerte se convirtió en una persona instruida y profundamente religiosa. Con Karla Faye Tucker son ya tres las mujeres ejecutadas en Estados Unidos desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977. En junio de 1988 quedaban otras 43 condenadas a muerte, repartidas en 15 estados.

APLICACIÓN RACISTA

La aplicación de la pena capital es racista. Las personas negras son víctimas de delitos violentos más o menos en la misma proporción que las blancas; sin embargo, el 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por asesinar a blancos. Otros factores, tales como la existencia de circunstancias agravantes, no explican la disparidad de las sentencias en relación con la raza del acusado y de la víctima.

Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población de Estados Unidos; sin embargo, el 42 por ciento de los condenados a muerte del país son negros. En el sistema judicial que los ha juzgado y condenado los blancos siguen constituyendo una abrumadora mayoría. En 1998, en los estados que aplican la pena capital había 1.838 funcionarios (la mayoría fiscales de distrito) encargados de decidir si pedir o no la pena de muerte en casos concretos. De ellos, 1.794 eran blancos.

Muchos condenados a muerte han participado en crímenes brutales. Pero el castigo capital constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, y ambos son derechos que pertenecen a todos los seres humanos independientemente de quiénes sean y de lo que hayan hecho.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de los estados a abolir la pena capital. Asimismo, la organización pide a las autoridades que, entretanto, impongan una suspensión de las ejecuciones, prohiban la aplicación de la pena de muerte a personas condenas por delitos que cometieron siendo menores de edad y a retrasados mentales y garanticen que todas las personas acusadas de delitos punibles con la muerte cuentan con una defensa adecuada.

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inyección letal: ¿cuánto más van a
disfrazarlo?
Y cuanto más lo disfrazan más feo es.