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Refugiados en su tienda. Siete personas comparten una tienda de 3 x 5 metros. Erengueti
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Información general
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Niños y niñas soldado
En agosto de 1998 Ruanda, Uganda y Burundi invadieron la República Democrática del Congo con el pretexto de derrocar al gobierno de Laurent Kabila, al que dos años antes habían apoyado en la guerra contra Mobutu y al que ahora acusaban de apoyar a grupos insurgentes armados que amenazaban la seguridad de sus respectivos países. El gobierno congoleño recibió el apoyo de Zimbabue, Angola, Namibia, y durante cierto tiempo, de Chad, y la guerra llegó pronto a un punto muerto que sirvió a los países invasores para consolidar su presencia en el este de la República Democrática del Congo. Para situar los acontecimientos en su contexto, es necesario añadir que esta zona oriental del país es extraordinariamente rica en recursos naturales, muy apreciados en Occidente, como el oro, los diamantes, el wolframio, el cobalto o la casiterita. Posee también petróleo y vastas extensiones de madera, pero además de todo ello es fértil en un producto cuya escasez a escala mundial es equiparable a su altísimo valor: el columbotantalio o coltán. Este material es uno de los más codiciados en los mercados del Norte, ya que uno de sus componentes, el tantalio, es imprescindible para la fabricación de diversos productos técnicos, muy utilizados en todo el mundo, sobre todo en Occidente: teléfonos móviles, videocámaras y ordenadores personales, por poner sólo tres ejemplos. De hecho, el coltán pasó en un solo año -1999 a 2000- de costar 65 dólares americanos el kilo a 530. Es paradójico que entre las guerras "olvidadas" se cuente la que fue descrita por la anterior secretaria de estado norteamericana, Madeleine Albright, como "primera guerra mundial africana". Cabe incluso extremar la paradoja destacando que la guerra terrible que asola hoy día la República Democrática del Congo, desde hace cinco años, tiene amplias conexiones con la industria económica de los países más ricos, que trascienden del continente africano. Pero si la guerra misma, con su cifra estimada de unos tres millones de civiles muertos y casi otros tantos de desplazados y refugiados, está más bien olvidada, qué habrá que decir de estas conexiones decisivas que apuntan hacia fuera de África: la explotación depredadora de los recursos naturales para su comercialización masiva, de un lado, y el silencioso tráfico internacional de armas, de otro. La guerra, con todo, no sólo siguió su curso sino que se extendió y ramificó. Las fuerzas regulares de Ruanda y Uganda organizaron y ampararon facciones armadas congoleñas que ejercían como autoridades políticas y militares sobre las diferentes zonas controladas. Estas facciones locales agrupaban más o menos unitariamente a miembros de los distintos grupos étnicos (lendus y hemas), los cuales en el curso del conflicto fueron enfrentándose a muerte entre sí, a la vez que sus instigadores y patrocinadores extranjeros, Ruanda y Uganda, lo hacían también entre ellos -básicamente por el control de Kisangani, tercera ciudad del país en población y el enclave estratégico para la explotación sobre todo de los diamantes-. A todo esto proseguían también los combates frente a los grupos locales congoleños y los grupos insurgentes ugandeses y burundeses. No es difícil imaginar la magnitud de la devastación que la guerra, con sus múltiples y cambiantes conflictos en su interior, ha provocado sobre las poblaciones nativas y sobre el débil tejido civil de la región. En el riquísimo este de la República Democrática del Congo la vida humana vale aproximadamente nada. La destrucción de hogares e infraestructuras por los combates y las persecuciones han logrado, además, un flujo continuo de desplazamientos de población y el trabajo forzoso en las minas, como muestra la constatación de que la condición abundante de niños-soldado es una alternativa atractiva a la explotación laboral infantil, otra de las lacras de la zona. Esta catástrofe humana más o menos desatendida tiene, sin embargo, una dimensión internacional decisiva, que propicia su perpetuación y que no es fundamentalmente, siquiera básicamente, africana. El Grupo de Expertos de Naciones Unidas designado para investigar la situación e informar al Consejo de Seguridad presentó en octubre pasado un listado de 85 empresas cuya actividad en la zona supone una violación de las líneas orientativas de conducta para empresas multinacionales aprobadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Se trata de compañías de extracción, procesamiento y comercialización de minerales, de industrias químicas y madereras, y asimismo de compañías aéreas, bancos, empresas de seguridad, etc. Y son empresas británicas, belgas, norteamericanas, alemanas, canadienses, sudafricanas, y un muy restrictivo etcétera. Las acusaciones del informe son, o bien de haber contribuido con ingresos o servicios a las facciones beligerantes como pago para operar en la zona, o bien de haber adquirido directamente a las partes combatientes los materiales y minerales deseados. Este círculo vicioso no se cierra por completo si no se destaca que los notables ingresos obtenidos por las facciones combatientes sirven ante todo para la adquisición de armamento: se hace la guerra para explotar la riqueza que permite continuar con el conflicto y con el expolio. En ocasiones los mismos aviones que extraían en dirección a Ruanda la columbotantalita de la provincia de Kivu Meridional aprovechaban el viaje de regreso para transportar armas y equipos bélicos. Pero yendo sólo un poco más atrás en la conexión, el armamento que tan generosamente llega a todas las partes pagadoras procede de nuevo de: Estados Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, y ahora también de China y Bulgaria, entre otros. La urgencia de una regulación, mediante un Tratado Internacional, de las transferencias de armas, que incluya su prohibición absoluta en todos los casos en que exista una alta probabilidad de su utilización para cometer violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se pone así, una vez más, de manifiesto. El informe citado del Grupo de Expertos de la ONU señalaba asimismo, con gran cantidad de datos, la intensa actividad de los traficantes ilegales de armas y de sus redes de poder, como la del famoso Victor Bout que, desde su base en los Emiratos Árabes Unidos, cobra sus honorariros en diamantes de contrabando.
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