| La tortura a manos de la policía Desde 1997 se han denunciado torturas o malos tratos a manos de agentes de policía en más de 140 países. La policía tiene la responsabilidad de defender la ley y proteger los derechos de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, sus agentes son con mucho quienes más torturas infligen. Muchas de sus víctimas entran en contacto con la ley porque son sospechosas de haber cometido un delito, mientras que otras son miembros de grupos a los que una fuerza policial cargada de prejuicios convierte en víctimas de sus ataques. A menudo, quienes más peligro corren de sufrir abusos a manos de la policía son los miembros de minorías étnicas o raciales. En la mayoría de los países, el número de procesamientos por brutalidad policial constituye sólo una pequeña fracción del número de denuncias presentadas; las declaraciones de culpabilidad son aún menos frecuentes. El utilizar la información obtenida mediante tortura como método sistemático de investigación policial es más frecuente en los países en los que la policía no cuenta con la formación adecuada o los recursos necesarios, o en los que se anima a los agentes a utilizar «métodos enérgicos» contra los presuntos delincuentes como respuesta a un alto índice de criminalidad. Aunque la policía está autorizada para utilizar la fuerza durante el ejercicio de sus funciones, las normas internacionales establecen límites estrictos al empleo de dicha fuerza. Según el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la policía sólo puede hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza empleada debe ser la mínima necesaria que requieran las circunstancias. Siempre que sea posible, los policías deben emplear medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Los agentes deben actuar con moderación y en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.  |
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