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Torturas a niños

Los niños tienen derecho a contar con una protección especial frente a la tortura y los malos tratos. Su juventud y su inexperiencia los hacen especialmente vulnerables, y ciertos tratos, como la reclusión en régimen de incomunicación, pueden tener un impacto más grave sobre un niño que sobre un adulto. Por ello, para protegerlos son necesarias salvaguardias adicionales, que están establecidas en una serie de normas internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37; Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores, Reglas de Pekín; Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Directrices de Riad).

Sin embargo, ser joven no constituye una protección frente a la tortura: según los informes, desde 1997 los agentes del Estado han torturado o maltratado a niños en más de 50 países de todo el mundo.

En muchos casos, los niños sufren malos tratos porque el sistema de justicia penal, organizado para adultos, no tiene en cuenta sus necesidades. En otros, los niños parecen convertirse en blanco específico de los ataques a causa de su edad o de su situación de dependencia. Algunos niños son torturados para coaccionar o castigar a sus padres. Los niños de la calle son considerados «desechables», y los que están bajo custodia constituyen una presa fácil para los abusos. En los conflictos armados, los niños del bando enemigo suelen ser víctimas de abusos precisamente porque representan el futuro de ese bando.

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En marzo de 1997, tres niños de entre 10 y 12 años fueron detenidos cuando recogían trozos de metal en un basurero de Estambul, Turquía. Tras acusarlos de robar un magnetófono, los agentes los llevaron a la comisaría de Küçükçekmece, donde los mantuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante treinta y dos horas. Según aseguran los niños, los desnudaron, dejándolos sólo con la ropa interior, y los encerraron en un retrete, donde los policías orinaron sobre ellos y los obligaron a tumbarse sobre excrementos humanos. Para hacerles confesar el robo, les dijeron que «eligieran» entre recibir descargas eléctricas o golpes, y luego los sometieron a las dos cosas. También los agredieron sexualmente. Los certificados médicos emitidos por el hospital describían lesiones que coincidían con las denuncias de los niños, incluidas fuertes contusiones y quemaduras por electricidad.