| Impunidad No debe haber refugio seguro para los torturadores La tortura es un delito internacional que requiere una respuesta internacional. En virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura, cualquier Estado puede y debe juzgar a cualquier persona que se encuentre en su territorio y sea sospechosa de tortura, independientemente del lugar donde se hayan cometido los crímenes o de la nacionalidad del presunto autor o de la víctima. Sin embargo, los acontecimientos más recientes indican que, en el futuro, cada vez menos países tolerarán la presencia de torturadores en su suelo. Como consecuencia directa del establecimiento del Tribunal para la ex Yugoslavia en 1993 y del Tribunal para Ruanda en 1994, los Estados se sintieron espoleados a pasar a la acción. Se han llevado a cabo procesamientos basados en la jurisdicción universal por delitos recientes en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos y Suiza. Alemania e Italia han iniciado procedimientos penales sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» cometidas en Argentina en los años setenta y ochenta. El impulso generado por el caso Pinochet ha reavivado la esperanza de que el principio de la jurisdicción universal sobre los casos de tortura se convierta cada vez más en una realidad en el siglo XXI. En julio de 1999, las autoridades judiciales francesas iniciaron procedimientos contra Ely Ould Dha, oficial del ejército mauritano detenido mientras asistía a un curso militar en Montpellier, Francia. Las autoridades intervinieron después de que unas organizaciones de derechos humanos presentaron ante la policía una denuncia en nombre de dos ciudadanos mauritanos que afirmaban haber sido torturados por Ely Ould Dha en 1990 y 1991. La tortura se utilizó de forma generalizada en Mauritania durante ese periodo, como parte de una política de expulsiones en masa de los miembros de las comunidades negras. Las autoridades francesas declararon tener jurisdicción sobre el caso en virtud de la legislación francesa, que incorpora las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura. Por desgracia, Ely Ould Dha huyó a Mauritania antes de que un tribunal pudiera determinar su culpabilidad o inocencia. Amnistía Internacional está haciendo campaña para conseguir que la jurisdicción universal sea una herramienta valiosa para luchar contra la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. La organización ha redactado 14 principios para orientar a los gobiernos sobre los pasos que deben dar para garantizar que sus tribunales nacionales pueden ejercer de forma efectiva la jurisdicción universal (véase La jurisdicción universal: Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal; índice AI: IOR 53/01/99/s - enlace externo). 
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