| Impunidad Obstáculos a la justicia Las pruebas se ocultan. Las prácticas ilegales de detención -como el que los agentes no se identifiquen o no anoten el nombre de los detenidos en un registro, el mantener a los detenidos con los ojos vendados o en detención secreta, o el negarles el acceso a abogados, familiares o médicos- facilitan la impunidad al ocultar la pista que conduce desde el delito hasta el perpetrador. A las víctimas se les niega el acceso a los recursos legales. Hay veces en que las víctimas, ya de por sí aterrorizadas, son intimidadas para que guarden silencio sobre lo sucedido. Las que denuncian lo ocurrido pueden ser amenazadas, atacadas o denunciadas a su vez por cargos como la difamación. Las investigaciones no son eficaces. En algunos casos, las investigaciones sobre la tortura son llevadas a cabo por la misma organización cuyos miembros han sido responsables del abuso. Los agentes actúan como cómplices. El «código de silencio» vigente en muchas fuerzas policiales puede disuadir a los agentes de prestar testimonios esenciales contra sus colegas acusados de tortura. El resultado puede ser la injusticia más flagrante. El marco legal para sancionar la tortura es inadecuado. En algunas jurisdicciones, las leyes nacionales no prohíben la tortura tal como establecen la Convención de la ONU contra la Tortura y otras normas internacionales pertinentes. Se hace caso omiso de las decisiones judiciales. En algunos países, las autoridades políticas hacen caso omiso, de forma sistemática, de las resoluciones judiciales, con lo que socavan el Estado de derecho y alimentan la impunidad. La tortura está legalizada. En 1987el gobierno israelí refrendó oficialmente un informe de la Comisión de Investigación en el que se justificaba el uso de una «presión física moderada» durante los interrogatorios. En septiembre de 1999, el Tribunal Superior de Justicia de Israel resolvió que esos métodos eran ilegales y debían ser prohibidos. Ese mismo año se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para permitir que el Servicio General de Seguridad utilizara la «presión física» durante los interrogatorios. Gracias en parte a la fuerza del movimiento nacional e internacional contra la legalización de la tortura en Israel, hasta el momento ese proyecto de ley no ha obtenido un apoyo suficiente. La impunidad está consagrada en la ley. La forma más flagrante de impunidad legalizada se encuentra en las leyes que otorgan inmunidad procesal a los implicados en actos de tortura. No existen otros mecanismos que garanticen la rendición de cuentas. El procesamiento, aunque es un factor clave, sólo es uno de los pasos que deben darse para vencer la impunidad. También es importante que existan sanciones administrativas y disciplinarias para hacer llegar el mensaje de que la tortura no es un método aceptable para obtener información o para contrarrestar las amenazas a las que se enfrentan los miembros de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su deber. 
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