| Impunidad La impunidad, un problema mundial En muchos países, la impunidad de que disfrutan los torturadores, el hecho de que no comparezcan ante la justicia, es un mal endémico. Tal como pone de relieve el caso de Abner Louima, normalmente es necesario que se dé una combinación de circunstancias extraordinarias para conseguir procesar a un presunto torturador. El que se haga justicia puede depender del grado de interés de los medios de comunicación o del nivel de indignación pública, del carácter incontrovertible de las pruebas y de la capacidad del poder judicial para llevar a cabo investigaciones independientes y exhaustivas. Sin embargo, lo que demasiados sobrevivientes de torturas experimentan tras su tormento no es justicia, sino nuevos abusos e intimidación. La tortura es una de las violaciones de derechos humanos más encubiertas por el secreto. Normalmente se comete en lugares protegidos del escrutinio público, y se hacen esfuerzos considerables para ocultar pruebas que son vitales para procesar y condenar a los torturadores. Las investigaciones, cuando se realizan, suelen estancarse a causa de la inacción, la ineficacia o la complicidad de los encargados de llevarla a cabo. La cruda realidad es que a la mayoría de las víctimas de tortura de todo el mundo se les niega sistemáticamente la justicia. Esa ausencia crónica de mecanismos para hacer rendir cuentas a los responsables crea una atmósfera en la que los posibles torturadores pueden seguir torturando y maltratando, sabiendo que no serán detenidos, procesados ni castigados. La impunidad transmite a los torturadores el mensaje de que pueden hacer lo que quieran sin ser castigados. El llevar a los culpables ante la justicia no sólo los disuade a ellos de repetir sus crímenes, sino que también dice claramente a los demás que la tortura y los malos tratos no se tolerarán. No obstante, las instituciones responsables de hacer respetar la ley, al burlar sistemáticamente esa misma ley cuando se trata de aplicarla a sus propios miembros, están socavando todo el sistema de justicia penal. Para combatir la impunidad hay que eliminar de raíz la corrupción institucional. La impunidad debe además ser eliminada porque niega la justicia a las víctimas y las priva por segunda vez de sus derechos. La impunidad puede considerarse en sí misma una violación múltiple de los derechos humanos, ya que niega a las víctimas y a sus familiares el derecho a que se establezca y se reconozca la verdad, el derecho a que se haga justicia y el derecho a una reparación y un recurso efectivo. Prolonga el sufrimiento original al tratar de negar lo sucedido, lo cual constituye una afrenta adicional a la dignidad y la humanidad de la víctima. 
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