| Impunidad En mayo de 1999, Abner Louima, inmigrante haitiano que vivía en Estados Unidos, subió al estrado de los testigos ante un tribunal federal de primera instancia en Nueva York para describir cómo había sido torturado en una comisaría de Brooklyn. Lo habían detenido unos agentes del Departamento de Policía de Nueva York en agosto de 1997, tras una pelea en la puerta de un club nocturno. En la comisaría, lo llevaron esposado a los lavabos, donde le dieron puñetazos, lo arrojaron al suelo y lo sujetaron mientras un agente, Justin Volpe, le introducía el palo roto de una escoba por el recto. Mientras estaba tendido en el suelo gritando de dolor, el agente Volpe le introdujo el palo en la boca. Abner Louima sufrió graves lesiones internas que incluían perforación de colon y rotura de vejiga; pasó dos meses en el hospital. Éste es uno de los muchos casos de brutalidad policial en Estados Unidos documentados por Amnistía Internacional en los últimos años. El caso de Abner Louima es típico en muchos aspectos: la víctima era un hombre negro detenido por un incidente de poca gravedad y cuyo trato parece haberse debido a motivos raciales. Sin embargo, un aspecto que diferencia este caso de la mayoría es que los agentes responsables comparecieron finalmente ante la justicia. Las denuncias de brutalidad policial a manos del Departamento de Policía de Nueva York casi nunca acaban en condenas, y al principio parecía que la denuncia de Abner Louima contra los agentes que lo torturaron iba a correr la misma suerte. Los agentes negaron los cargos, y declararon que Abner Louima había sufrido aquellas lesiones al mantener relaciones sexuales con otro hombre. Tejieron una intrincada maraña de mentiras para encubrir su implicación en los hechos. Al igual que en muchos casos de tortura o malos tratos, los únicos testigos directos eran otros agentes de policía. En el mundo entero, el hecho de que los policías se nieguen a declarar contra sus compañeros ha levantado una barrera infranqueable para quienes desean llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, a mediados de 1999 tuvo lugar un hecho excepcional que agrietó el muro de impunidad. Uno por uno, varios agentes que también habían estado en la comisaría aquella noche se presentaron para declarar contra el acusado. Sólo la presión de los investigadores tanto federales como del departamento consiguió que finalmente rompieran el «código de silencio» que con tanta frecuencia permite que los agentes de policía eludan su responsabilidad. Poco después de que los agentes testificaran (entre ellos se encontraban algunos que habían presenciado cómo el agente Volpe blandía un palo de escoba manchado con heces y se jactaba de lo que había hecho), Justin Volpe cambió su declaración y admitió su culpabilidad. En diciembre de 1999 fue condenado a treinta años de prisión. Otros tres agentes fueron declarados culpables en marzo del 2000 de conspirar para encubrir el incidente, y tres agentes más fueron acusados de realizar declaraciones falsas.
|
|
