| La violencia en el hogar y la comunidad Los Estados son responsables de proteger a las personas, no sólo frente a la tortura y los malos tratos infligidos por sus propios agentes sino también frente a prácticas similares ejercidas por individuos particulares («agentes no estatales»). El Estado debe rendir cuentas de diferentes maneras: es responsable de los abusos cometidos por entidades o individuos particulares en los que delega sus responsabilidades; comparte la responsabilidad de los actos violentos cometidos por individuos particulares cuando los respalda o los tolera; y también puede considerársele responsable cuando, de cualquier otra manera, incumple su deber de brindar una protección efectiva contra la tortura o los malos tratos. El que los Estados tengan que rendir cuentas de los abusos cometidos por agentes no estatales tiene una importancia crucial en la lucha por defender los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, las minorías raciales y sexuales y otras personas que sufren discriminación. Esta discriminación se manifiesta a diario mediante la violencia, ya sea en forma de violencia doméstica o de crímenes por odio racista u homófobo. La discriminación institucionalizada suele significar que las víctimas tienen menos probabilidades de recibir protección y apoyo de las autoridades. Los gobiernos no pueden mostrarse selectivos a la hora de cumplir con sus obligaciones. Deben luchar por erradicar la tortura y los malos tratos para todas las personas, sin importar dónde se cometan y quién los inflija.  |
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