| «Tortura legal»: la pena judicial de castigo corporal Cuando se acusa a los gobiernos de cometer tortura o malos tratos, la respuesta más habitual es una negativa. Niegan que los hechos hayan ocurrido, que el gobierno haya tenido conocimiento de ellos o que las autoridades hayan sido responsables. El castigo corporal de los presos es una de las pocas excepciones. Estos castigos los imponen los tribunales como sanción penal, y también se imponen por orden administrativa como medida disciplinaria. Son llevados a cabo por funcionarios del Estado, en ocasiones en público, y están revestidos del manto de respetabilidad que rodea los castigos «legales». Las víctimas de amputaciones, mutilaciones y marcados no sólo quedan lisiadas para siempre, sino que durante el resto de su vida llevan el estigma de criminales. En Irak, por ejemplo, tras la guerra del Golfo, a algunas personas declaradas culpables de delitos como el robo o la deserción del ejército las marcaron grabándoles una «X» en la frente. Algunos defensores de la pena judicial de castigo corporal la justifican por motivos religiosos o culturales. Sin embargo, la cultura no es estática, y las tradiciones se remodelan constantemente a partir de las nuevas realidades. Castigos que en el pasado pudieron estar ampliamente aceptados hoy día parecen manifiestamente crueles y degradantes. Los activistas locales de derechos humanos luchan cada vez más enérgicamente contra estas prácticas, utilizando como fundamento la universalidad de los derechos humanos.  |
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