Las repercusiones de la tortura van mucho más allá del sufrimiento de la víctima. Las consecuencias en la familia inmediata, en la comunidad y en la sociedad en su conjunto son profundas y duraderas. Para muchos de los sobrevivientes las secuelas más graves son las psicológicas. Muchos de ellos viven obsesionados por profundos sentimientos de culpabilidad y vergüenza: culpabilidad porque han sobrevivido mientras que otros no lo hicieron, y vergüenza porque la información que proporcionaron al ser torturados pudo perjudicar a sus amigos. Otros se vieron enfrentados a una «elección imposible» (revelar los nombres de sus compañeros o ver cómo torturaban a un ser querido) que les hace seguir sintiéndose responsables por las consecuencias de su confesión mucho después de que las heridas físicas causadas por sus torturadores hayan curado.
Las primeras campañas de Amnistía Internacional contra la tortura fueron impulsadas por la indignación de personas de todo el mundo ante el trato infligido a los presos de conciencia, las «víctimas olvidadas» que se consumían en prisión.
Los torturadores, e incluso la opinión pública, pueden considerar que la violencia contra los presuntos delincuentes equivale a «dar a los criminales su merecido». En ocasiones, ese tipo de violencia es defendida por quienes desean que se tomen medidas más severas contra una delincuencia en aumento. En ausencia de una formación adecuada y de unos recursos para investigación suficientes, la policía puede recurrir a la tortura o los malos tratos como un método rápido para obtener confesiones y conseguir que los tribunales dicten declaraciones de culpabilidad. En esos casos, los presuntos delincuentes casi siempre proceden de los sectores más pobres o marginados de la sociedad. La discriminación que sufren estos grupos suele contribuir a que no se emprendan acciones para impedir que sus miembros se conviertan en víctimas de torturas o malos tratos.
La tortura la infligen con frecuencia agentes de policía, soldados, miembros de los servicios secretos, guardias de prisiones u otros agentes del Estado. Pero no siempre. La tortura también puede ser infligida por miembros de grupos políticos armados o, en determinadas circunstancias, por individuos particulares.
Puesto que Amnistía Internacional trabaja principalmente para combatir los abusos contra los derechos humanos cometidos por los Estados y los grupos armados de oposición, este informe se centra en esas situaciones. Por ello, los términos «tortura» y «malos tratos» se utilizan aquí para referirse a actos cometidos por agentes del Estado para causar dolor o sufrimiento, o a actos similares cometidos por individuos particulares en los que el Estado pueda tener cierta responsabilidad, ya sea por su consentimiento, aquiescencia o inacción. La tortura y los malos tratos se refieren también a actos similares cometidos por miembros de grupos políticos armados.
Policía
Condiciones de reclusión
«Tortura legal»
En el hogar y la comunidad
Arma de guerra
MÉTODOS DE TORTURA
Las palizas son con mucho el método de tortura y malos
tratos más utilizado por agentes del Estado hoy día.
Se han recibido informes sobre palizas en más de 150
países: prácticamente todos los países de los que
se han recibido informes de tortura y malos tratos
desde 1997. Otros métodos habituales de tortura y
malos tratos de los que se ha tenido noticia desde
esa fecha son las descargas eléctricas (en más de
40 países), la violación y los abusos sexuales bajo
custodia (en más de 50 países), la suspensión del
cuerpo (en más de 40 países), los golpes en las plantas
de los pies (en más de 30 países), la asfixia (en
más de 30 países), los simulacros de ejecución o las
amenazas de muerte (en más de 50 países) y la reclusión
prolongada en régimen de aislamiento (en más de 50
países). También se utilizan métodos como sumergir
en agua al torturado, apagarle cigarrillos sobre el
cuerpo, atarlo a la parte trasera de un automóvil
y arrastrarlo con el vehículo, o privarlo del sueño
o de los estímulos sensoriales.
