

Actualmente hay 19 países sujetos
a embargos de armas, ya sea por
Naciones Unidas, la UE o la OSCE, lo
que supone un criterio definitivo en
sí mismo. Existe un grupo de una treintena
de países -mayoritariamente ubicados
en Oriente Medio, Ásia y África- con
elevados índices de armamentismo y
militarización. Son bien pocos los
casos que practican la transparencia
como medida generadora de confianza,
y en 106 casos se observan deficiencias
graves en lo que a respeto de los Derechos
Humanos se refiere.
El gasto sanitario o en educación
es inferior al gasto militar en 30
casos, habiendo 21 donde el gasto
militar es superior al de educación
y sanidad juntos. En 38 países hay
personas forzadas a desplazarse o refugiarse.
En estos momentos, podemos hablar de
la existencia de 31 conflictos armados,
a los que cabría añadir 21 contextos
de tensión grave o de violencia política
y otros 12 países donde se registran
unos niveles de criminalidad muy elevados.
Por otro lado, 31 Estados reconocen
que en su territorio se practican frecuentemente
operaciones ilegales de importación,
exportación, fabricación y/o distribución
de armas. Recientemente 11 países han
sido señalados por informes de expertos
de las Naciones Unidas por violaciones
de embargos de armas a terceros. |
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Campaña para el control de las armas
ligeras
NOTA: Esta campaña ha finalizado. La información
reflejada puede no estar actualizada
Informe
2001: Criterios para autorizar o denegar las exportaciones de armamento
Como
en años anteriores, la Cátedra
UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), a iniciativa de Amnistía
Internacional, Greenpeace, Intermón
y Médicos Sin Fronteras, ha elaborado
el "Informe 2001: Criterios para autorizar
o denegar las exportaciones de armamento".
Este
Informe tiene como función
orientar a los centros de decisión
política en el cumplimiento de los
criterios del Código de Conducta
aprobado por el Consejo de la Unión
Europea el 25 de mayo de 1998. De momento,
y aunque la UE ya ha publicado dos informes
sobre el nivel de cumplimiento de dicho Código
por parte de los Estados Miembro, la información
sobre este tema es todavía limitada.
Entre otras cosas, no se informa sobre
los países de destino, ni sobre las
denegaciones, así como los motivos
de esas denegaciones. Ello impide conocer
cuales son las líneas que guían
la política exportadora de armamento
de los quince y ejercer un verdadero control,
tanto desde los Parlamentos, como desde la
opinión pública.
El
informe pretende orientar igualmente a los
miembros de las Comisiones de Defensa
y Asuntos Exteriores del Congreso de
los Diputados, que en virtud de la decisión
tomada por el Pleno del Congreso del 25 de
marzo de 1997, ha de recibir del gobierno
información semestral sobre las exportaciones
españolas de armamento. La Cátedra
UNESCO y las organizaciones mencionadas,
interpretan este acuerdo del Pleno del Congreso
como un compromiso para elaborar un listado
periódico de aquellos países
que, a pesar de no estar sujetos a embargos
obligatorios, tienen una delicada situación
de derechos humanos, conflictividad o militarización
que aconsejen estar sujetos a restricciones.
El objetivo del presente informe es ayudar
a elaborar dicha lista.
Por
este motivo, el iInforme de este año
se basa en el análisis de 30 indicadores
de alerta temprana, utilizados frecuentemente
en estudios de prevención de conflictos,
y que abarcan seis grandes tipos de consideraciones
referentes a los países destinatarios:
compromisos internacionales, niveles de militarización,
situación de los Derechos Humanos,
nivel de bienestar, nivel de conflictividad
y nivel de confianza. Éstos han sido
desarrollados a partir de los ocho criterios
del Código de Conducta de la UE y
pretenden concretar de una manera empírica
y contrastable los conceptos que se recogen
en el Código, puesto que en ocasiones
se prestan a diferentes interpretaciones.
Las
fuentes de información utilizadas
para la elaboración de este informe
cuentan con un amplio reconocimiento internacional.
Siempre se trata de fuentes públicas,
primando las del ámbito gubernamental
y las de organismos internacionales, especialmente
Naciones Unidas y sus agencias especializadas,
así como de los principales centros
de investigación y de organizaciones
cívicas de reconocido prestigio, tales
como The Military Balance 2000-2001, SIPRI
Yearbook 2000 y el Informe 2000 de Amnistía
Internacional, entre otros. También
se ha llevado a cabo un seguimiento diario
de la prensa internacional.
El
análisis de este año comprende consideraciones
sobre 202 países o regiones. Presentan
una media de 7,2 indicadores de alerta por
país, ya que en total se registran 1461 señales
de alerta. El nivel cuantitativo de indicadores,
no obstante, no es el referente más importante,
aunque siempre es muy significativo, puesto
que en determinadas circunstancias y contextos,
un solo indicador puede tener una relevancia
decisiva. Para realizar las conclusiones,
sin embargo, se ha ponderado la importancia
de cada uno de los indicadores, de manera
que fueran más decisivos los referentes a
embargos, países con graves y sistemáticas
violaciones de los derechos humanos, y países
en guerra o con un conflicto intermedio.
En la mayoría de los indicadores, además,
se ha procurado poner dos niveles de señalamiento
para remarcar los casos en que la situación
se considera especialmente grave.
En
la situación actual, entendemos que
este informe podría ser un criterio
orientador para denegar o
restringir solicitudes de exportación
de armamentos y muy en particular de la exportación
de armas ligeras y de material represivo.
A partir del análisis realizado se
ha establecido un doble listado, en permanente
actualización; el primero hace referencia
a 40 países a los que no debería
autorizarse ningún tipo de exportación,
por claro incumplimiento de uno o varios
de los criterios del Código; el segundo
listado se refiere a aquellos 75 países
en los que sólo se concedería
la autorización después de
haber obtenido una serie de garantías
-mediante la exigencia del certificado de
destinatario final- respecto al uso del material
y a las circunstancias políticas del
momento, a causa de mantener activos varios
indicadores significativos.
Este
iInforme será distribuido a los Parlamentos
de los Estados miembros de la Unión Europea,
así como entre los principales órganos de
decisión política en lo referente al control
del comercio de armas. Igualmente, se difundirá
entre las principales organizaciones cívicas
que trabajan en este ámbito, con especial
énfasis en las organizaciones que configuran
la Red IANSA (International Action Network
on Small Arms). Entendemos también que el
presente informe puede ser una herramienta
útil para orientar las políticas de cooperación
al desarrollo que llevan a cabo administraciones
públicas y ONG.
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