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Informe: La pasividad del Gobierno español ante una crisis de derechos humanos a 200 kilómetros de sus fronteras(Texto íntegro) En los últimos seis años, las fuerzas de seguridad argelinas, la milicia paramilitar y grupos armados que se definen como "organizaciones islámicas" han matado en Argelia a decenas de miles de personas. Asimismo, las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de miles de personas más y de millares de ellas no se ha vuelto a saber su paradero, permaneciendo "desaparecidas" Pese al reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la grave crisis de derechos humanos que está padeciendo Argelia, hasta el momento no se ha tomado ninguna iniciativa eficaz que investigue las diferentes responsabilidades en la comisión de graves violaciones y abusos a los derechos humanos como forma previa de alcanzar una solución a un conflicto que se desarrolla a 200 kilómetros de España. Este informe, elaborado por la Sección Española de Amnistía Internacional, resalta, en primer lugar que, a pesar del volumen de las violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia, las autoridades de ese país se niegan a permitir que una investigación internacional independiente, con medios y libertad de desplazamiento, pueda determinar los hechos, identificar a los responsables de tales abusos, y que éstos sean puestos a disposición judicial. En segundo lugar, el informe refleja la pasividad de la comunidad internacional, con especial referencia a la inacción del Gobierno español desde finales del año 1997, ante la grave crisis de derechos humanos en Argelia. Asimismo el informe refleja, en referencia a España, la falta de protección por parte del Gobierno a los solicitantes de asilo argelinos cuando llegan a nuestro país. También el informe detalla los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos, desde finales de 1997, por llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en Argelia. En el caso de España se relatan varias de las diversas comunicaciones de la Sección Española al Gobierno sobre la situación en Argelia y la pasividad del mismo en responder a la crisis desatada en aquel país norteafricano. Finalmente, el informe proporciona algunas recomendaciones prácticas al Gobierno español para que, en el caso de Argelia, pase de las declaraciones a los hechos y cumpla su programa electoral de marzo de 1996 que indicaba "la política exterior tendrá como eje central los derechos humanos". 2. LAS VIOLACIONES Y ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGELIA. En los últimos seis años, las fuerzas de seguridad argelinas, la milicia paramilitar y grupos armados que se definen como "organizaciones islámicas" han matado en Argelia a decenas de miles de personas. Asimismo, las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de miles de personas más y de millares de ellas no se ha vuelto a saber su paradero, permaneciendo "desaparecidas" Desde que Amnistía Internacional publicó su último informe sobre Argelia en noviembre de 1997, las violaciones graves a los derechos humanos han continuado ininterrumpidamente en este país del norte de África. Después de las grandes matanzas que se produjeron en agosto y septiembre de 1997, han continuado, casi diariamente, los asesinatos de personas individuales, de familias enteras o de grupos de civiles. Las fuerzas de seguridad, el ejército y las milicias armadas por el estado han continuado matando a personas individuales o grupos de civiles en las llamadas operaciones "antiterroristas". Entre finales de diciembre de 1997 y enero de 1998, se produjo una nueva ola de matanzas a gran escala en la región de Relizane, al este de Orán, y en donde el FIS (poner en completo) gozó de amplio apoyo en las elecciones de 1991. En dos semanas perdieron la vida alrededor de un millar de personas. El hecho de que se perpetraran en pequeñas aldeas y, aparentemente, aisladas, ha dificultado la obtención de información precisa y detallada sobre estas matanzas. Las autoridades de Argelia negaron el permiso a varios periodistas extranjeros para poder desplazarse a Relizana inmediatamente después de las antes citadas masacres. Como en otras ocasiones de graves violaciones y abusos a los derechos humanos, es difícil obtener información fidedigna sobre los hechos y los responsables de tales abusos y violaciones. Según algunas informaciones, éstas fueron llevadas a cabo por grupos de GIA (Grupo Islámico Armado), como respuesta al alto el fuego decretado por el AIS, brazo armado del FIS, en octubre de 1997, y que continúa en vigor. Otras informaciones explican las matanzas como una respuesta de la parte del GIA a las operaciones de los militares en otras zonas. Sin embargo, existen alegaciones de que los grupos que cometieron estas matanzas actuaron con la complicidad de unidades de las fuerzas de seguridad y cuyo motivo sería el castigar a una población que mayoritariamente había votado al FIS y que había apoyado al AIS y que se había negado a aceptar las armas que les habían ofrecido las autoridades, lo cual se interpretaba como una negativa a ponerse de lado de las autoridades. Además de las grandes matanzas, en Argelia se están produciendo otras graves violaciones de los derechos humanos como son la práctica generalizada de la tortura, las "desapariciones" y la realización de juicios injustos amparados por una legislación que contraviene todas las normas internacionales sobre los derechos del detenido. De estas graves violaciones de los derechos humanos apenas se ha hecho eco la comunidad internacional y justificarían por sí mismas la necesidad de emprender una investigación independiente. Algunos casos ejemplificadores de la crisis de derechos humanos que vive Argelia Preso de Conciencia y juicio sin las debidas garantías Un caso que ejemplifica la gravedad de esta situación es la del abogado de derechos humanos Rachid Mesli. Mesli fue condenado a tres años de cárcel el 16 de julio de 1997, por "fomentar el terrorismo" (artículo 87 bis 4 del Código Penal argelino) en un juicio que vulneró claramente las normas internacionales. El juicio se celebró en el tribunal de Tizi Ouzou (a cien kilómetros al este de Argel). A los delegados de Amnistía Internacional no les concedieron los visados para poder asistir como observador al juicio. A dos abogados enviados por la Federación Internacional de Derechos Humanos para observar el juicio les informaron a su llegada a Argelia de que su presencia en el juicio no sería bienvenida. El juicio se celebró a puerta cerrada y no se dejó entrar en la sala ni a los familiares. La acusación y la defensa basaron su argumentación legal en torno a los cargos de pertenencia a grupo "terrorista" (artículos 86 y 87 bis 3 y bis 4 del Código Penal), según se establecieron en el pliego de cargos. La defensa de Rachid mesli se quejó de que el tribunal no llamó a los testigos solicitados al Tribunal por ésta. La sentencia del tribunal no declaró culpable a Rachid Mesli de los dos cargos por los que se le había juzgado. Sin embargo, le condenó por "fomentar el terrorismo" (artículo 87 bis 4 del Código Penal), a pesar de que esta acusación no constaba en el pliego de cargos ni se formuló durante el juicio. Por tanto, le condenaron por un cargo que no se había formulado contra él previamente y contra el que no tuvo oportunidad de defenderse. Esto resulta una violación patente de las normas internacionales ratificadas por Argelia, en concreto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que los acusados tienen derecho a ser informados de los cargos formulados contra ellos, a contar con suficiente tiempo y medios para preparar su defensa y a interrogar o hacer que otros interroguen a los testigos de cargo. Asimismo la propia legislación argelina, en concreto el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal de Argelia también establece que si un tribunal desea añadir un cargo a los que ya está juzgando, debe reiniciarse la vista para permitir a la defensa y a la acusación ofrecer su argumentación legal sobre el nuevo cargo. Por otra parte, la forma en que ocurrió la detención es contraria a todas las normas internacionales sobre derechos humanos. Rachid Mesli fue secuestrado el 31 de julio de 1996 por un grupo de hombres armados sin identificar. Los hombres detuvieron el vehículo que conducía, en el que también viajaba su hijo de cinco años y un familiar, y se lo llevaron a punta de pistola después de haber amenazado a su familiar y de haberle obligado a mirar de otro lado. Este método est típico de la manera de operar de los grupos armados (GIA etc.). Las fuerzas de seguridad y las autoridades estuvieron más de una semana sin reconocer su detención. El 10 de agosto lo llevaron ante el juez de instrucción, le acusaron de mantener relaciones con grupos armados y le encarcelaron en la prisión de El Harrache. Según declaraciones de sus abogados cuando fue visto en la oficina del juez instructor tenía hematomas en el ojo y la mano derecha, y presentaba un mal estado físico. La legislación argelina establece que se debe informar al presidente del Colegio de Abogados en caso de que se vaya a detener a un abogado y que debe estar presente en la oficina del abogado (o delegar en un abogado para que esté presente si él no puede en persona). Sin embargo, no se respetaron ninguno de estos procedimientos, dado que en la fecha tan tardía como el 7 de agosto, el presidente del Colegio de Abogados todavía no había logrado obtener información sobre el paradero de Rachid Mesli ni confirmar su detención por la fuerzas de seguridad. Rachid Mesli presento un recurso de casación en el Tribunal Supremo (un procedimiento que sólo ve los errores de derecho pero no vuelve a examinar los hechos de la causa) pero hasta a este momento el Tribunal Supremo no ha contestado y Rachid Mesli ya ha pasado mas de dos anos en la cárcel. Amnistía Internacional cree que Rachid Mesli fue encarcelado por sus creencias, sin que utilizara o abogara por la violencia, y debido a sus actividades como abogado de derechos humanos. La organización le considera preso de conciencia y pide su inmediata e incondicional liberación. Desaparición forzada y detención ilegal Abdelkrim Torchi y Saddek Aichouni fueron detenidos en sus respectivas casas de Argel, capital del país, el 20 de octubre de 1998, en presencia de miembros de su familia. No les mostraron ninguna orden de detención ni les explicaron por qué se les detenía. La detención de Abdelkrim Torchi fue efectuada por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad que llegaron a su casa en cuatro automóviles. La de Saddek Aichouni la realizaron varios hombres de vestidos de civil, pero algunas personas que se hallaban presentes reconocieron en uno de ellos a un agente de la policía local. Ésta informó posteriormente de que no tenía noticias de la detención. Estas dos personas habían sido detenidos ya en noviembre de 1997 y, tras comparecer ante los tribunales al mes siguiente, habían permanecido bajo custodia hasta que los dejaron en libertad sin cargos nueve meses después. Por lo general, los miembros de las fuerzas de seguridad que efectúan detenciones no llevan uniforme ni ninguna otra característica que permita identificarlos, y tampoco muestran órdenes de detención. Una vez detenidos, los sospechosos suelen ser recluidos en secreto. Durante la reclusión, las fuerzas de seguridad y las autoridades niegan a sus familias toda información sobre su paradero. 3. LA PASIVIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS DE ARGELIA Y EL PAPEL DE ESPAÑA EN LOS DIVERSOS FOROS INTERNACIONALES. La comunidad internacional de gobiernos no ha tenido la voluntad política de enfrentar decididamente la crisis de derechos humanos en Argelia, donde, desde el año 1992, han muerto mas de 80,000 personas por violencia política Aunque diversos organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas o la Unión Europea, han propiciado contactos con las autoridades argelinas y con otros sectores de la sociedad de este país -incluyendo visitas de delegaciones por ambas partes-, éstos contactos han tenido un mero carácter informativo. Además las restricciones a dichas visitas por parte de las autoridades argelinas no han permitido tener una visión profunda, completa y imparcial sobre la situación de violaciones y abusos a los derechos humanos en el país norteafricano. Adicionalmente, las delegaciones no tenían ni mandato ni medios para llevar a cabo ninguna investigación sobre violaciones y abusos a los derechos humanos y fueron acompañadas a todos los lugares que visitaron por fuerzas de seguridad argelinas. Además, los informes de estas delegaciones carecen de informaciones concretas, y confirmadas de manera independiente. La realidad es que estas iniciativas políticas no han tenido ningún impacto sobre la situación de derechos humanos en Argelia. El único impacto constatable es permitir a las autoridades argelinas afirmar que delegaciones internacionales han visitado Argelia y mejorar su imagen ante la comunidad internacional. Informe de la delegación de la Organización de Naciones Unidas a Argelia. En septiembre de 1998 se publicó el informe de la delegación de las Naciones Unidas sobre su visita a Argelia. Creada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y encabezada por el ex presidente portugués Mario Soares, la delegación visitó Argelia con la misión de "recabar información" pero sin el cometido de tratar cuestiones de derechos humanos ni la facultad de emprender investigaciones. El hecho de que la misma delegación admita al principio de su informe que no tenía "ni los medios ni el cometido de realizar investigaciones", que las autoridades argelinas no le permitieron entrevistar a determinadas personas ni visitar ciertos lugares y que cuando formulaba preguntas concretas le respondían con generalidades, ilustra las limitaciones de esta misión. Visita de la terna presidencial de la Unión Europea Tres representantes de la Unión Europea (Austria, Luxemburgo y Reino Unido) y el vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, efectuaron el 20 de enero de 1998 una visita de un día a Argelia durante la cual se entrevistaron con autoridades del gobierno y muy brevemente con representantes de la oposición y los medios de comunicación. Esta visita no fue una visita de investigación, y, por lo tanto, no ha cumplido la función fundamental de investigar la situación de crisis de los derechos humanos y efectuar recomendaciones. Asimismo, aunque el gobierno argelino accedió en principio a que los Relatores Especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales y sobre la Cuestión de la Tortura visitaran el país, estas visitas, casi un año después, no se han llevado a cabo porque los calendarios propuestos nunca resultaban adecuados para el gobierno argelino. Visita de una delegación del Parlamento Europeo. Una delegación del Parlamento Europeo visitó Argelia del 8 al 12 de febrero de este año. Una vez más las limitaciones de este tipo de delegaciones se refleja en varios hechos: la delegación, en su informe, rechazó la necesidad de que se emprenda una investigación internacional a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades argelinas a la delegación. Por ejemplo, no se permitió a la delegación el acceso a los lugares donde se llevaron a cabo las masacres ni tampoco se pudieron entrevistar con víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Además, la delegación tuvo que hospedarse en una residencia oficial, el palacio de Djinan el-Mithak, lo cual suponía importantes limitaciones para todos aquellos que intenten contactar con ellos. Tampoco disponía la delegación de líneas telefónicas directas teniendo que pasar todas las llamadas por una centralita, y, finalmente, la delegación recibió la prohibición expresa de las autoridades de Argelia de salir de la residencia sin protección policial. Amnistía Internacional considera lamentable que el Parlamento Europeo, consciente de tales restricciones a su trabajo en Argelia, haya negado de forma rotunda la necesidad de emprender una investigación internacional. La delegación del Parlamento Europeo aceptó, además, que no había necesidad de una investigación independiente a pesar de las propias resoluciones de órganos del propio parlamento sobre la situación de derechos humanos en Argelia. Por ejemplo, en noviembre de 1997 el Parlamento Europeo y sus especialistas de la Subcomisión de Derechos Humanos, expresaron su preocupación ante la crisis de derechos humanos y sobre los crímenes y abusos perpetrados en Argelia, no sólo por los grupos armados que se autodenominan islámicos, sino también por las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el estado. Además, durante la reunión organizada por la Subcomisión de Derechos Humanos del Palamento europeo en Noviembre 97 en Bruselas, los eurodiputados se entrevistaron con familiares de argelinos desaparecidos y con abogados de derechos humanos y, sin embargo, durante su visita a Argelia no se reunieron con familiares de "desaparecidos" y no tomaron ninguna iniciativa por los miles de casos de desaparición forzada. Durante la visita a Argelia los miembros del Parlamento Europeo sólo se reunieron con parlamentarios, miembros del Gobierno, y asociaciones cercanas al gobierno. Además dos de los diputados europeos miembros de la delegación (Daniel Cohn-Bendit, relator por el acuerdo entre Argelia y la UE, y Anne Andre-Leonard) sacaron dos informes (cada uno su propio informe), los cuales reflejaban opiniones divergentes de la del informe oficial de la delegación. El 20 de abril, una comisión de la Sección Española de Amnistía Internacional se entrevistó con el Sr. Hernández Mollar, el único eurodiputado español que visitó Argelia como miembro integrante de la delegación del Parlamento Europeo. Durante dicha entrevista se le expresó, entre otras cuestiones, la preocupación de AI por las graves limitaciones impuestas por las autoridades argelinas para recabar información fidedigna e imparcial sobre la situación de los derechos humanos. El informe oficial de la delegación fue suscrito por el eurodiputado español. A pesar de los limites en el mandato y las restricciones impuestas por las autoridades argelinas a las visitas de estas delegaciones, los informes de las diferentes delegaciones incluyen también recomendaciones al Gobierno argelino que muestran claramente la necesidad de tomar medidas concretas para resolver la crisis de derechos humanos. Por ejemplo el informe de septiembre de la delegación de Naciones Unidas , pide al Gobierno argelino tomar algunas medidas sobre derechos humanos como por ejemplo imponer estrictas normas sobre rendición de cuentas a los funcionarios encargadas de hacer cumplir la ley y a las fuerzas de seguridad. También le pide trabajar con determinación para cambiar la mentalidad del poder judicial, de las instituciones responsables de hacer respetar los derechos humanos, de la policía y el ejército, y prestar la debida atención a las denuncias de detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones". Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas El 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se celebró en Ginebra del 16 de marzo al 24 de abril de 1998. En este caso, la crisis de derechos humanos en Argelia ni siquiera fue discutido oficialmente por las delegaciones de gobierno a pesar de la espantosa tragedia que vive el país norteafricano. Ante la tajante negativa del gobierno argelino a colaborar con la Comisión, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá terminaron por admitir que carecían de la determinación necesaria para tomar medidas pertinentes. Aunque el plazo límite para adoptar una resolución sobre Argelia se amplió en el último momento, no se planteó ninguna resolución al respecto. No se llevó a cabo ningún debate serio sobre la necesidad desesperada de enviar un equipo internacional que investigue las violaciones y abusos a los derechos humanos y saque a la luz la verdad sobre el tormento que sufren las víctimas argelinas. Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporters Sans Frontieres, cuatro importantes organizaciones de derechos humanos, pidieron el 7 de abril de 1998 a los 53 Estados miembros de la Comisión una enérgica declaración de preocupación sobre la situación de derechos humanos en Argelia y un compromiso público del gobierno argelino para permitir visitas de investigación del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y del Relator Especial sobre la tortura. Además, Amnistía Internacional pedía que la Comisión nombrara un Relator Especial sobre Argelia. Estas cuatro organizaciones, además, pedían especialmente a los gobiernos de la Unión Europea que den instrucciones a sus delegaciones para que presenten, como asunto de la máxima urgencia, una resolución sobre Argelia. Nada pasó. Posición del Gobierno español ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La posición del gobierno español que, aunque actualmente no es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, participa en la posición común de la Unión Europea en este foro y prepara la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas conjuntamente con sus socios comunitarios, fue primero esperanzadora y cambio radicalmente en pocos tiempo llegando a la pasividad e, incluso a la obstrucción para una posible resolución sobre Argelia en la Comisión. La Sección Española de Amnistía Internacional tuvo varias reuniones con representantes del gobierno español en preparación de la reunión de la Comisión y la posición del gobierno español fue cambiando en pocos meses. AI tuvo una primera reunión en enero de 1998 con el Subdirector General para África del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Luis Calvo en el que se le expusieron las principales recomendaciones de la organización sobre Argelia en relación con las próximas discusiones en la Comisión. La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, en esta primera ocasión, fue decepcionante y no asumió ninguna de las recomendaciones pero tampoco fueron planteadas, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores soluciones alternativas a las planteadas por AI y que contribuyeran a resolver la crisis de derechos humanos en Argelia. Posteriormente, el 6 de febrero de 1998, la Sección Española de Amnistía Internacional, acompañada por un experto en Argelia del Secretariado Internacional de la organización, mantuvo una reunión sobre este país norteafricano con el Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, Don Ramón de Miguel Egea. En dicha reunión Amnistía Internacional le hizo entrega de una carta y 12,000 firmas de ciudadanos españoles que pedían al gobierno español que impulsara una investigación internacional sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia. Amnistía Internacional en esta carta al Secretario de Estado de Política Exterior resaltaba que "la comunidad internacional y, especialmente la Unión Europea, han contemplado pasivamente los acontecimientos [en Argelia]" y reclamaba del gobierno español impulsar "una investigación internacional que lleve a cabo averiguaciones sobre las últimas masacres y otros abusos a los derechos humanos" y que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara "un plan que [incluyera], como elemento esencial, el nombramiento de un Relator Especial para Argelia". La respuesta del Secretario de Estado a Amnistía Internacional en carta de 13 de febrero de 1998 resultaba esperanzadora. El Secretario de Estado indicaba que: " no puedo dejar de compartir la aspiración de Amnistía Internacional de contribuir a mejorar el respeto de los derechos humanos en Argelia y a rescatar de las sombras los trágicos episodios que allí vienen desarrollándose desde el comienzo de la crisis y con especial virulencia desde el verano pasado..." . En relación con el nombramiento de un Relator Especial para Argelia, el Secretario de Estado indicó que: " participo de la convicción de que la presencia de un relator especial para Argelia nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas arrojaría una indispensable luz sobre las últimas masacres y otros abusos que han sobrecogido a la opinión pública de nuestro país. La Unión Europea ha inscrito dicha iniciativa en el marco general de su diálogo con aquel país y confío que los próximos contactos con sus autoridades deparen otras tantas oportunidades para convencerles de la necesidad de colaborar en el desempeño de la trascendental misión del relator". Es decir, el gobierno español, oficialmente, compartía las recomendaciones básicas de Amnistía Internacional sobre la necesidad de arrojar luz "sobre las sombras de los trágicos episodios que allí vienen desarrollándose" y que la Comisión aprobase la necesidad de un Relator Especial para Argelia. Sin embargo, en un mes la posición del Gobierno español sobre Argelia había vuelto a cambiar. A finales de marzo de 1998, la Sección Española de Amnistía Internacional hizo público el documento "España: Programa para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos" que incluía una serie de recomendaciones a las autoridades españolas en materia de política exterior e interior, incluyendo las recomendaciones ya conocidas sobre un Relator Especial para Argelia. Una delegación de Amnistía Internacional, presidida por el Secretario General de la organización, Pierre Sané, mantuvo una reunión a finales de marzo de 1998, con una delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores presidida por el Secretario General del Ministerio, Don Carlos Bastarreche, durante la cual se discutieron las recomendaciones de AI sobre política exterior y derechos humanos, incluidas las recomendaciones sobre Argelia. En dicha reunión AI reiteró sus recomendaciones al gobierno y a la comunidad internacional sobre Argelia además reiterándole la necesidad de actuar rápidamente en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones que acababa de comenzar sus sesiones. Amnistía Internacional recibió con sorpresa la noticia de que el gobierno español ya no apoyaba el nombramiento de un Relator Especial para Argelia y no hubo ninguna referencia por parte del gobierno español sobre la necesidad de una misión internacional de investigación. Según las autoridades españolas, había que confiar en la cooperación de las autoridades argelinas con los mecanismos ya existentes de las Naciones Unidas como el tema de los Relatores Temáticos. Entre las dos posiciones del gobierno español cabe notar una visita a España del ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf. Este cambio de posición y pasividad del Gobierno español, ante la intransigencia del gobierno argelino, fue tristemente compartida por la Unión Europea durante las sesiones de la Comisión, cuando el Reino Unido (en nombre de la Unión Europea), dos días antes de la finalización del período de sesiones, admitió que la Unión Europea había considerado " con gran atención la medida de presentar tal resolución" dada la falta de cooperación del gobierno argelino con los mecanismos de Naciones Unidas pero que al final no lo había hecho porque "deseaba dar crédito a las palabras del gobierno argelino". Al final silencio sobre Argelia. Casi ocho meses después, con centenares de muertos más, la situación de abusos y violaciones a los derechos humanos en Argelia continúa ante la pasividad de la comunidad internacional. Informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas El único mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidos que examino a Argelia este año fue el Comité de Derechos Humanos el 20 y 21 de Julio. El Gobierno argelino presentó su informe al Comité con 3 años de retraso. En sus conclusiones, entre otras, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó la falta de respuestas detalladas y concretas sobre la situación de derechos humanos en Argelia tanto en el informe presentado por el Gobierno argelino como en sus declaraciones orales ante el Comité y expresó su preocupación por la grave crisis de derechos humanos en Argelia. La actitud del gobierno argelino de negar las evidencias ante este Comité se refleja en que todas las preguntas formuladas por los miembros del Comité con relación a casos concretos fueron eludidas por la delegación argelina, que se escudó en observaciones generales y teóricas. Asimismo, la delegación negó la existencia de ejecuciones extrajudiciales, a pesar de haberse documentado numerosos casos. Asimismo, la delegación negó por completo la existencia de casos de tortura a manos de las fuerzas del gobierno, sosteniendo que sólo los grupos armados cometen tales actos. En cuanto al fenómeno de generalizado de las "desapariciones" forzadas, la delegación despachó el problema con explicaciones como que los "desaparecidos" son individuos que se han unido a grupos armados o han sido secuestrados por ellos. A pesar de la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la actitud del gobierno argelino ante dicho Comité, la comunidad internacional, incluido el gobierno español, no parece tener ningún interés en impulsar que las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos sean puestas en práctica por el gobierno de Argelia. Mientras tanto la comunidad internacional sigue ausente de la crisis de derechos humanos en Argelia. Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la Cuestión de Tortura y sobre Ejecuciones extrajudiciales siguen sin poder entrar en Argelia para llevar a cabo sus investigaciones sobre los violaciones y abusos a los derechos humanos porque el gobierno argelino se niega a permitir su entrada. Lamentablemente la comunidad internacional, incluida España, no ha tomado ninguna medida para que estos relatores especiales puedan visitar Argelia. Asimismo, Amnistía Internacional no tiene constancia de que España haya puesto de manifiesto su preocupación ante las autoridades de Argelia por el hecho que la Cruz Roja Internacional y las organizaciones internacionales más importantes de derechos Humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, no puedan visitar Argelia debido a la posición contraria de su gobierno. 3.- LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS ANTE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN ARGELIA. La Sección Española de Amnistía Internacional ha mostrado reiteradamente su preocupación al gobierno de España por la crisis de derechos humanos en Argelia durante el año 1998 sin que éste haya tomado ninguna iniciativa eficaz bilateral o multilateral para aliviar el sufrimiento de miles de personas en un país como Argelia situado a 200 kilómetros de sus fronteras. Esta pasividad hacia la suerte de miles de personas víctimas de "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las fuerzas de seguridad argelinas o de terribles abusos por parte de grupos armados, contrasta con los frecuentes intercambios políticos y comerciales entre Argelia y España. Por ejemplo, el Ministro de Energía y Minas de Argelia, Youcef Yousfi, visitó España entre los días 17 y 20 de marzo de 1998, invitado por el Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, justo cuando comenzaba su sesiones la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante su estancia en España, el ministro argelino mantuvo diversos contactos políticos de considerable importancia y se entrevistó con directivos de varias empresas españolas que trabajan en Argelia. El día 18 de marzo clausuró un seminario organizado por el Club Español de la Energía titulado "Argelia 2000: una nueva etapa de las relaciones hispano-argelinas". Esta pasividad se demuestra en los cambios de política en materia de derechos humanos, especialmente ante la intransigencia del gobierno argelino, y también en la falta de respuestas concretas -o directamente la falta de repuesta- a los requerimientos de Amnistía Internacional y la sociedad española ante la crisis de derechos humanos en aquel país. Esta pasividad resalta de forma dramática en relación con el programa electoral del Partido Popular (PP) de marzo de 1996 en relación al Magreb, especificando que "la política española de cara al Magreb deberá, asimismo, tener en cuenta la exigencia de pautas de comportamiento aceptables: el respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales". Asimismo el programa electoral también especificaba que "la política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos". La Sección Española de Amnistía Internacional expresa en este informe que la política exterior del gobierno español en relación a Argelia incumple gravemente los compromisos adquiridos ante los ciudadanos españoles en su programa electoral. La Sección Española de Amnistía Internacional ha realizado múltiples gestiones públicas y privadas ante el gobierno español en relación a la crisis de derechos humanos en Argelia, reclamando una política clara y firme en esta materia de cara al gobierno argelino y a favor de las víctimas de los abusos y violaciones en este país norteafricano. El 15 de octubre de 1997 Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Periodistas Sin Fronteras se unieron para pedir públicamente a la comunidad internacional "que actúe ahora para hacer frente al deterioro de la situación de derechos humanos en Argelia y solicitan a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que convoquen una sesión especial sobre la situación de derechos humanos en ese país". La Unión Europea, y con ella España, no apoyó esta sesión especial. El 8 de enero de 1998, la Sección Española de Amnistía Internacional publicó una nota de prensa en la que reiteraba "su petición al gobierno español para que apoye la realización de una investigación internacional que aclare la responsabilidad de todas las partes en las matanzas que se están perpetrando en Argelia". Amnistía Internacional no recibió respuesta por parte del gobierno español. El día 22 de enero de 1998 Amnistía Internacional envió una carta a Don Ramón de Miguel Egea, Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, con ocasión de la reunión de 26 y 27 de enero del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la que pedía que, en este Consejo, el gobierno español apoyara que las Naciones Unidas impulsaran la creación de una comisión internacional que investigara las violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia. La respuesta del Secretario de Estado, en carta de 2 de febrero, sólo indicaba que el Consejo de Ministros "analizó en profundidad esta cuestión". La carta no respondía a la petición de Amnistía Internacional de promover una comisión internacional de investigación y sólo mencionaba la reciente visita de la "Troika" europea. El 18 de febrero de 1998, Amnistía Internacional remitía una carta a Don Abel Matutes Juan, Ministro de Asuntos Exteriores, en la que con ocasión de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia a España, le adjuntaba cientos de casos de "desaparecidos" en Argelia y le indicaba que la visita era una buena ocasión para transmitir al gobierno argelino la preocupación española por los casos de "desaparición". También le instaba a aprovechar esta ocasión para que "el gobierno español mostrase su decidida voluntad de contribuir a poner fin a los sufrimientos de la población argelina". La respuesta a la carta de AI, firmada por Don Ramón de Miguel Egea, Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, el 6 de marzo de 1998, sólo indicaba que "la reunión [de las dos delegaciones] fue, de nuevo, ocasión, para trasladar a nuestros interlocutores magrebíes nuestra inquietud por los recientes acontecimientos y nuestro apoyo a al proceso de reformas políticas y económicas emprendidas en aquel país". No hubo ninguna referencia a la lista de "desaparecidos" entregada al gobierno español por parte de Amnistía Internacional. El 27 de febrero de 1998, Amnistía Internacional remitió de nuevo a Don Ramón de Miguel Egea, Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, la carta abierta del Secretario General de la organización, Pierre Sané en la que se solicitaba a todos los gobiernos que se aprovechara al máximo el próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para tomar medidas concretas que ayudaran a acabar con las violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia. A Amnistía Internacional sólo le consta un acuse de recibo del Gobierno a esta comunicación. El 4 de septiembre de 1998 la Sección Española de Amnistía Internacional remitió una carta a Don Abel Matutes Juan, Ministro de Asuntos Exteriores, adjuntando una carta abierta de Amnistía Internacional sobre Argelia, con ocasión de la reunión informal de los 15 Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Salzburgo, Austria. En esta carta AI pedía a los 15 Ministros de Asuntos Exteriores que volvieran a pedir al gobierno de Argelia que colaborase con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, y que permitiese la entrada en el país a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, y sobre la Tortura en Argelia. Además, pedía a los Estados miembro de la Unión Europea que proporcionasen toda la protección necesaria a los solicitantes de asilo argelinos en sus respectivos países. No hubo respuesta por parte de las autoridades españolas. Todas estas gestiones de la Sección Española de Amnistía Internacional y las inconcretas - y en algunas casos nula- respuesta del gobierno español a las recomendaciones de AI muestra la falta de voluntad política del gobierno español para ayudar a aliviar el sufrimiento de las miles de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia, que constrasta con el frecuente y creciente volumen de intercambio comercial entre ambos países. Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados La pasividad de las autoridades españolas en relación a la crisis de derechos humanos en Argelia no se circunscribe exclusivamente al gobierno español. También la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, aunque en algunas ocasiones ha mostrado su preocupación por la situación en Argelia, ha reflejado también en el último año pasividad y falta de reflejos para contestar a la crisis de derechos humanos en este país norteafricano. El 18 de noviembre de 1997, una delegación de la Sección Española de Amnistía Internacional mantuvo una reunión con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Don Francisco Javier Rupérez. En ella se solicitó que el Parlamento presentase una Proposición No de Ley mostrando su preocupación por el deterioro de la crisis argelina e instando a los organismos internacionales a que propiciasen una investigación internacional. Desde noviembre de 1998 y hasta la fecha, la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados ha sido incapaz de emitir una resolución sobre violaciones y abusos a los derechos humanos en Argelia en relación con la creación de una comisión internacional que investigue las violaciones y abusos a los derechos humanos en este país norteafricano. Amnistía Internacional, con fecha 5 de febrero de 1998, remitió una carta a Don Francisco Javier Rupérez Rubio, Presidente de la Comisión, en este sentido, y el Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané, compareció a finales de marzo ante esta Comisión y, entre otros temas, reiteró la posición de la organización sobre la comisión internacional de investigación para Argelia. Hasta la fecha no ha habido, que Amnistía Internacional conozca, ninguna resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores en este sentido. 4. ASILO Y REFUGIO DE ARGELINOS EN ESPAÑA La Sección Española de Amnistía Internacional, también durante los últimos años, ha mostrado su preocupación por el hecho de que en los últimos años, el sistema internacional de protección de los refugiados está en crisis, especialmente en Europa. Aunque Amnistía Internacional reconoce que la legislación y la política de asilo en España son menos restrictivas que en otros lugares de Europa, la organización opina que determinados aspectos son mejorables además de necesarios para proporcionar una adecuada protección a los refugiados. Entre ellos que el gobierno español debe garantizar que todas las personas que buscan protección tienen un acceso efectivo al procedimiento de concesión del estatuto de refugiado y que el gobierno español debe asegurarse de que el procedimiento de concesión de asilo sea justo, imparcial y minucioso y permita identificar adecuadamente a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. En el caso de Argelia y los socilicitantes de asilo la Sección Española ha mantenido una serie de comunicaciones con Don José Ramón Ónega López, Director General de Política Interior durante el último año. En una carta de Amnistía Internacional al Director General de Política Interior el 5 de febrero de 1998, se le indicaba la preocupación de Amnistía Internacional por el uso de doble rasero por parte de los gobiernos occidentales "al alertar a sus ciudadanos a que no viajen a Argelia por considerar que el riesgo que corrían era grande mientras que los ciudadanos argelinos que buscan refugio en los países occidentales ven sus solicitudes de asilo rechazadas porque no pudo probarse que corrían peligro en su país". Asimismo le pedía una serie de datos oficiales sobre asilo y refugio de argelinos en España. El Director General de Política Interior respondía con prontitud a Amnistía Internacional el 27 de febrero e indicaba que 273 personas habían solicitado asilo en España durante el año 1997 y que de ellas 126 habían sido inadmitidas a trámite. Asimismo especificaba que, durante el año 1997, se habían expulsado a Argelia desde España a 324 ciudadanos argelinos. El Director General afirmaba también en su carta que "no puede conocerse el dato del número de ciudadanos argelinos que solicitaron asilo en España y fueron expulsados a Argelia posteriormente a resolverse su solicitud". Con relación a la pregunta de Amnistía Internacional sobre los lugares a los que han sido expulsados las personas de origen argelino, el Director General comunicó a Amnistía Internacional que eran conducidos al puerto de Orán y que " en ningún caso se ha repatriado a extranjeros al triángulo de Mitija ni se tiene noticia alguna de que el retorno a su país haya afectado a su seguridad personal o riesgo físico". La Sección Española de Amnistía Internacional en su respuesta de 18 de septiembre de 1998 al Director General de Política Interior expresaba su opinión de que "no existen zonas exentas de riesgo en Argelia y que no podemos asegurar que el peligro queda limitado al triángulo de la Mitja y descartar Orán" y que AI ha denunciado casos de violación a los derechos humanos en Orán. En este sentido, AI pedía al gobierno español que le informara, con precisión, de las medidas que ha tomado para asegurar que las personas de nacionalidad argelina expulsadas de España no corrieron el riesgo de ser sometidas a violaciones y abusos a los derechos humanos a su llegada a Argelia. Asimismo AI mostró su preocupación al gobierno por su desconocimiento del dato del número de ciudadanos argelinos que solicitaron asilo y fueron expulsados a Argelia porque este desconocimiento puede poner en peligro a solicitantes de asilo expulsados a Argelia a su llegada a aquel pais. ¿Cómo el Gobierno puede garantizar su seguridad al ser devueltos a Argelia si desconoce el dato de las personas que solicitaron asilo y fueron devueltos a ese país norteafricano?. En relación con las 126 personas que solicitaron asilo y su expediente fue inadmitido a trámite, AI mostró su extrañeza de que 115 de éstas personas lo fueron en base al apartado b) del artículo 5.6 de la Ley de Asilo que remite a los supuestos donde el solicitante no alega ninguno de los motivos de persecución contemplados en la Convención de Ginebra. AI pidió al Gobierno español los criterios de interpretación que se usan para la aplicación de dicho apartado dada la crisis generalizada de derechos humanos en Argelia. Igualmente Amnistía Internacional mostró su extrañeza por el hecho de que en 89 casos de inadmisión a trámite se alegara como razón para la inadmisión la causa d del mencionado artículo 5.6 que se refiere a hechos manifiestamente falsos e inverosímiles. AI volvió a pedir al gobierno los criterios utilizados por la Administración para considerar que las alegaciones formuladas por los solicitantes son manifiestamente falsas e inverosímiles en un primer y somero examen como el que se efectúa en el procedimiento de admisión a trámite. El Director General de Política Interior, al momento de redactar este informe, acababa de responder a las preocupaciones de la organización en carta de 4 de noviembre e insistía en que "el criterio de interpretación de las circunstancias de inadmisión a trámite es sumamente restrictivo" a pesar de que, según cifras oficiales, casi la mitad de las solicitudes de asilo de Argelia son inadmitidas a trámite. En relación con la petición de especificación de los criterios usados para la inadmisión a trámite se basaban en el artículo 1.A de la Convención de Ginebra de 1951 en lo referente a la letra b del artículo 5.6, y en los criterios de interpretación de la Audiencia Nacional "sobre esos dos conceptos jurídicos indeterminados que son "falsedad manifiesta y la "inverosimilitud". Sin embargo, en su repuesta a AI no se incluían criterios claros y concretos como pedía la organización. No ha habido tampoco ninguna respuesta del Gobierno español sobre las medidas que ha tomado para asegurar que las personas de nacionalidad argelina expulsadas de España no corrieron el riesgo de ser sometidas a violaciones y abusos a los derechos humanos a su llegada a Argelia. Amnistía Internacional mantiene que la actual crisis de derechos humanos en Argelia merece que las solicitudes de asilo de personas de nacionalidad argelina en España sean revisadas cuidadosamente y permita identificar adecuadamente a las personas que huyan de violaciones y abusos a los derechos humanos. Asimismo el gobierno español debe tomar medidas para asegurarse que las personas expulsadas de España, especialmente aquellas cuyas solicitudes de asilo son rechazadas, no corren el riesgo de ser sometidas a violaciones y abusos a los derechos humanos a su llegada a Argelia. 5.- RECOMENDACIONES AL GOBIERNO ESPAÑOL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN ARGELIA. El Gobierno español puede jugar un papel positivo en relación a la crisis de derechos humanos en Argelia siempre que su política exterior cumpla su compromiso expresado en el programa electoral que indicaba que ésta "se basará en la defensa de los derechos humanos". En el año del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos esta política de promoción y defensa de los derechos humanos debería acentuarse, especialmente en el caso de Argelia. Para ello el gobierno español debería asumir las siguientes medidas:
Recomendaciones a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
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