La modalidad de violencia sexual que más se denuncia en Burundi es la violación, cometida tanto por agentes del Estado como no estatales. La violación de mujeres y niñas es frecuente en el hogar y en la comunidad, y es un problema ampliamente extendido por todo el país. Las autoridades burundesas no están ejerciendo la diligencia debida para impedir, investigar y castigar esta violación de derechos humanos.

Más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas o sufrirán agresiones sexuales en el transcurso de su vida. A pesar de ello el gobierno de EEUU dificulta seriamente los procesos en los casos en que se produce una agresión a un mujer indígena, mediante todo tipo de trabas legales y administrativas, tanto a nivel estatal como federal, lo que permite a los responsables de las violaciones a actuar con impunidad.

Cientos, posiblemente miles, de mujeres y niñas han sido víctimas de violaciones y agresiones sexuales generalizadas y, en algunos casos, sistemáticas, por parte de las fuerzas combatientes o de civiles estrechamente vinculados a éstas.1 Se ha subestimado en gran medida la escala de violaciones y casos de violencia sexual en el transcurso del conflicto armado de Costa de Marfil. Muchas mujeres han sufrido violaciones colectivas o han sido secuestradas y sometidas a esclavitud sexual por los rebeldes.2 Con frecuencia, las violaciones han venido acompañadas por palizas o tortura de la víctima (incluyendo la tortura de tipo sexual). Las violaciones se han cometido en público y ante la presencia de miembros de la familia, entre ellos niños, y algunas mujeres han sido violadas junto a los cadáveres de sus familiares.

El informe denuncia la violencia sexual cometida contra las mujeres por agentes estatales, en tiempos de paz y de guerra, en países como Nigeria, Estados Unidos, México, Sudán, Colombia, Federación Rusa (Chechenia), o la República Democrática del Congo, entre otros.

El informe revela nuevos indicios de que las autoridades del estado de México no sólo no han investigado seriamente las acusaciones de las mujeres, que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por agentes de policía mientras estaban bajo su custodia, sino que incluso han ocultado los indicios de tales abusos.