Más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas o sufrirán agresiones sexuales en el transcurso de su vida. A pesar de ello el gobierno de EEUU dificulta seriamente los procesos en los casos en que se produce una agresión a un mujer indígena, mediante todo tipo de trabas legales y administrativas, tanto a nivel estatal como federal, lo que permite a los responsables de las violaciones a actuar con impunidad.