En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso las mujeres inmigrantes. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía su especial vulnerabilidad y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres. Sin embargo, dos años después, el informe: “Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género", denuncia los obstáculos que encuentran estas mujeres a la hora de acceder a justicia y a los recursos especializados necesarios.

Diez meses después de la entrada en vigor la Ley Integral Amnistía Internacional denuncia que el Estado español no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres vícitmas de violencia de género y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de "irregularidad". Estas mujeres se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, se les excluye del acceso a ayudas económicas, se les deniega el acceso a las casas de acogida y se las envía a recursos no especializados.

En España, no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades de protección institucional. A las mujeres migrantes indocumentadas les es aún más difícil hacer frente a la violencia de género en el ámbito familiar.