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La penalización del aborto puede originar problemas muy alarmantes, sobre todo si su prohibición se da en todos los supuestos. Esta es la situación que se da en Nicaragua, donde desde julio de 2008, tras la reforma del Código Penal, la práctica de cualquier aborto en cualquier circunstancia es ilegal. La nueva legislación también prevé penas de prisión incluso para los profesionales de los servicios de salud que involuntariamente causen lesiones al feto durante la administración de tratamiento prescrito médicamente a las mujeres y niñas embarazadas.
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