Alejadas del abordaje integral recomendado por los organismos internacionales, las medidas del gobierno español para enfrentarse al problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, no responden por completo a su obligación de protegerlas, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas.

Este informe examina el marco dispuesto por el Estado español en respuesta a su deber de garantizar los derechos humanos de las mujeres, en particular, su obligación de tomar medidas efectivas y eficaces de proteger a las mujeres de malos tratos y otros abusos.