El 26 de julio el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer analizó las acciones del gobierno español en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, poniendo especial atención en las políticas públicas contra la violencia de género. El documento de conclusiones hecho público por la ONU expresa serias preocupaciones sobre las políticas institucionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente si estas pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, como las migrantes y las mujeres de etnia gitana.

AI considera que la protección de las mujeres ante la violencia de género en España sigue siendo insuficiente. Por ello, ha presentado un informe paralelo al 5º Informe periódico del Estado español ante el Comité de la ONU para la Eliminación de las Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW)

Un año después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral Amnistía Internacional analiza si las medidas puestas en marcha han salvado los obstáculos que hasta entonces encontraban las mujeres víctimas de violencia de género. El informe recoge datos de 8 comunidades autónomas, hace un conjunto de 40 recomendaciones y propone 18 indicadores mínimos para evaluar a final de la legislatura si realmente la respuesta institucional hacia la violencia de género está haciendo realidad los derechos de las Mujeres.

Diez meses después de la entrada en vigor la Ley Integral Amnistía Internacional denuncia que el Estado español no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres vícitmas de violencia de género y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de "irregularidad". Estas mujeres se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, se les excluye del acceso a ayudas económicas, se les deniega el acceso a las casas de acogida y se las envía a recursos no especializados.

Tomando como base los testimonios de mujeres sobrevivientes a la violencia de genero en el ámbito familiar, este informe expone los obstáculos que les impiden obtener la debida asistencia, protección y justicia en España.