Tres años de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. En este nuevo informe, Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que después de tres años de su entrada en vigor no tiene el impacto esperado.

En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso las mujeres inmigrantes. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía su especial vulnerabilidad y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres. Sin embargo, dos años después, el informe: “Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género", denuncia los obstáculos que encuentran estas mujeres a la hora de acceder a justicia y a los recursos especializados necesarios.

Con motivo del segundo aniversario de la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional organizó el 15 de junio de 2007 un encuentro con organizaciones de mujeres y profesionales de los ámbitos asistencial, jurídico, policial y sanitario para hacer públicos y analizar los avances y obstáculos en la aplicación efectiva de dicha Ley. Este documento recoge los aspectos más importantes de las diferentes intervenciones.

En el segundo aniversario de la ley, y cuando el número de mujeres muertas en lo que va de año ha superado la treintena, este nuevo informe analiza las medidas anunciadas por el Gobierno español para la puesta en práctica de la Ley Integral el pasado 15 de diciembre, hace seis meses, cuando hizo público el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género Marco Conceptual y Ejes de Intervención. Amnistía Internacional concluye que es urgente dar pasos concretos y poner todos los medios necesarios para que los derechos de las mujeres se hagan realidad.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es probablemente el abuso de los derechos humanos más habitual y soterrado de cuantos se producen en nuestra sociedad, además de un grave problema de salud pública que afecta potencialmente a la mitad de la población. Conforme al derecho internacional, el Estado español tiene el deber de “actuar con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer”.