La discriminación fue uno de los factores que alimentó los 20 años de conflicto armado en Perú. La violación se utilizó como arma de guerra y muchas mujeres fueron objeto de otras formas de tortura y fueron obligadas a trabajar o a contraer matrimonio. Años después, siguen quejándose de problemas de salud física o mental, entre ellos problemas de salud reproductiva, derivados de la violencia a la que fueron sometidas. Investigando cuestiones relativas a la salud maternoinfantil, AI descubrió que la discriminación contra las mujeres indígenas y campesinas sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen al elevado índice de mortalidad materna de Perú. Cada ocho horas una mujer muere en el país a consecuencia del embarazo o de complicaciones durante el parto. A menudo se cobra a las mujeres por servicios que deberían ser gratuitos. Se las multa por no dar a luz en una clínica pero se las trata con desprecio cuando acuden a centros de salud. A los niños y niñas nacidos fuera de los centros de salud se les niegan los certificados de nacimiento, lo que afecta a su derecho a otros servicios. Por último, los métodos tradicionales de dar a luz con el apoyo de la familia no se respetan. Las clínicas que han empezado a tener en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas y campesinas informan de una mejora de los resultados. En el caso de Elisabet, aunque ella tenía derecho a asistencia de salud gratuita, cuando en 2005 llevó a su bebé a un centro de salud tuvo que pagar por los guantes que utilizó el personal, el traslado al hospital regional y 665 nuevos soles (200 dólares estadounidenses) por siete noches de hospital.