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Cuando Paulina Ramírez tenía 13 años, fue violada por un intruso en su casa. Unas semanas después, tras descubrir que estaba embarazada a consecuencia de la violación, decidió abortar. Aunque el aborto durante el primer trimestre es legal en los casos de violación en todo México, a Paulina la presionaron los activistas en contra del aborto para que cambiara su decisión. Finalmente, el director del hospital estatal –al que acudió para abortar- las asustó a ella y a su madre haciéndoles creer que Paulina moriría o quedaría estéril si se sometía a un aborto. A consecuencia de ello, Paulina y su madre decidieron que seguiría adelante con su embarazo. El 8 de marzo de 2006, casi cuatro años después de presentar el caso de Paulina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro para Derechos Reproductivos y sus asociados en México, Alaide Foppa y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), firmaron un acuerdo con el gobierno mexicano por el cual este último firmaría un decreto obligando a los estados a elaborar directrices para el acceso al aborto de las mujeres que han sido violadas. El acuerdo también otorgaba a Paulina y su hijo una importante indemnización para atención médica, educación y desarrollo profesional.

En México, AI ha entrevistado a supervivientes de violaciones a quienes se ha negado el acceso a servicios legales de aborto, a veces en situaciones que ponían en peligro su vida. En junio de 2006, AI entrevistó a la madre de “María”, una joven de Oaxaca con una grave discapacidad intelectual. En 2004, a los 17 años, “María” fue violada por su tío y a consecuencia de ello quedó embarazada. Su madre denunció la violación a la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público para que le autorizaran a poner fin al embarazo. En virtud de las leyes del estado de Oaxaca, el aborto es legal en caso de violación. Sin embargo, según el relato de la madre de “María”, el Ministerio Público no la aconsejó sobre cómo proceder ni le proporcionó servicio de traducción para su hija. Con la ayuda de una organización local, “María” fue llevada al hospital dos semanas después. El médico se negó a intervenir sin permiso de un juez. Frustrada por la falta de atención y tratamiento adecuados, y al ver que su hija cada vez sufría más, la madre de “María” decidió sacarla del hospital, contra los deseos de las autoridades hospitalarias, que insistían en que no pusiera fin al embarazo. Cuando acudió a presentar una denuncia contra las autoridades médicas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, los funcionarios de la Comisión al principio se negaron a aceptarla, alegando que ya no era urgente. La madre de “María” finalmente tuvo que recurrir a un aborto clandestino, algo que no habría podido hacer sin la ayuda de la ONG local, en vista del coste que suponía.

En una decisión pionera anunciada en mayo de 2006, la Corte Constitucional de Colombia anuló la prohibición absoluta del aborto (en virtud de la cual podía condenarse a la mujer y a quien practicara el aborto a hasta cuatro años de prisión) y declaró legal el aborto en caso de violación o malformación del feto o cuando la vida o la salud de la madre o el feto corrieran peligro. Carlos Lemus, director del hospital donde una niña de 11 años superviviente de violación obtuvo el primer aborto legal tras la modificación de la ley de aborto, declaró, según los informes: “estamos ante la solicitud de una niña que quería volver a sus juguetes, a su colegio, ante una demanda de la mamá que quería también que su hija no tuviese el embarazo”.