El 26 de agosto de 2003, Rula Ashtiya, de 29 años, en su octavo mes de embarazo, se vio obligada a dar a luz en el suelo, en una sucia carretera. Junto al control de Beit Furik, en Israel, después de que soldados israelíes le impidieran el paso a su ambulancia. Su bebé murió unos minutos después. Éste es el testimonio de Rula: “Tomamos un taxi y nos bajamos antes del puesto de control porque no están permitidos los automóviles cerca del control y recorrimos a pie el resto del camino; yo tenía muchos dolores. En el control había varios soldados, estaban tomando café o té y no nos hicieron caso. Daoud se acercó a hablar con los soldados y uno de ellos lo amenazó con su arma. Daoud les habló en hebreo; yo tenía dolores y sentía que iba a dar a luz allí mismo; le dije a Daoud que les tradujera a los soldados lo que yo acababa de decir, pero no nos dejaron pasar. Yo estaba tumbada en el suelo, sobre la tierra, y me arrastré detrás de un bloque de cemento, junto al control, para tener algo de intimidad y dar a luz ahí, en la tierra, como un animal. Sostuve a la niña en mis brazos y se movió un poco, pero después de unos minutos murió en mis brazos”.

En El Salvador el aborto está prohibido sin excepción, y la Constitución establece la condición de persona del feto desde el momento de la concepción. Esto significa que, ni siquiera en caso de embarazo ectópico (cuando el feto se implanta en la trompa de Falopio en lugar de en el útero y no se desarrolla hasta el grado de vida humana viable), pueden las mujeres acceder legalmente al aborto hasta que el feto muere o la trompa estalla, poniendo la vida y la salud de la mujer en grave peligro. Según los informes, los médicos son reacios a ofrecer ayuda médica a las mujeres con este tipo de embarazos, pues temen ser acusados de respaldar el aborto. Las campañas en favor de una reforma legal sobre el aborto en países con una legislación extremadamente restrictiva, como El Salvador, demandan que las situaciones de peligro para la vida y peligro grave para la salud se declaren exentas de la prohibición del aborto establecida en el derecho penal general, y piden que las mujeres puedan acceder a servicios de salud que pueden salvarles la vida y que los médicos tengan autoridad legal para ofrecer dichos servicios sin riesgo de incurrir en responsabilidad penal.

Cuando tenía 17 años, K.L. descubrió que estaba embarazada de un feto anencefálico. Aunque el aborto por motivos terapéuticos es legal en Perú, a K.L. un director de hospital le negó el acceso al aborto, por lo que se vio obligada a llevar a término el embarazo y amamantar al bebé durante los cuatro días que vivió. En noviembre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que haber negado a K.L. el acceso al aborto legal y haberla obligado a llevar a término el embarazo de un feto con una grave malformación había violado su derecho a no sufrir trato cruel, inhumano y degradante, así como su derecho a la vida privada y su derecho a gozar de especial protección por ser menor. Esta conclusión es importante en un país como Perú, en el que el aborto debe ser legalmente accesible en todos los supuestos contemplados por el derecho penal, pero donde en la práctica las mujeres se enfrentan a barreras infranqueables a la hora de tener dicho acceso.

En un informe de 2005 titulado Decisión prohibida: Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina, Human Rights Watch concluyó que las mujeres de Argentina recibían un trato inhumano y en ocasiones sumamente inadecuado cuando trataban de obtener asistencia médica para los abortos incompletos o las infecciones derivadas de abortos no seguros. Una trabajadora social de la provincia de Sante Fe declaró: “Una mujer [con la que trabajamos] llega al hospital en muy mal estado con un aborto que se había infectado y con hemorragia. La empezó a revisar un médico, cuando la empieza a ver y se da cuenta, tiró las herramientas al suelo. Dijo: ‘Eso es un aborto, moríte’”.