A pesar de que el derecho internacional considera la violencia contra las mujeres una violación de los derechos humanos, esta declaración realizada por la ONU en 1993 no ha ido acompañada de medidas eficaces, imprescindibles sobre todo en el ámbito estatal y local.

Los autores de los actos de violencia contra las mujeres pueden ser funcionarios u otros agentes del Estado, pero en la mayor parte de los casos se trata de particulares. Esposos o compañeros, familiares, médicos, líderes religiosos, jefes y empresas pueden ser responsables de violencia contra las mujeres y tienen obligaciones básicas con respecto a los derechos humanos.

Sin embargo, en el caso de la violencia producida por particulares, además de la responsabilidad de los autores existe una responsabilidad directa del Estado si no adopta medidas para impedir la violación de los derechos, investigar y sancionar estos actos y proporcionar reparación a las víctimas.

La violencia contra las mujeres en los conflictos armados debe ser visibilizada y sancionada por parte de los Estados y en su caso por Tribunales Internacionales. Las víctimas deben ser debidamente reparadas y debe garantizarse que los abusos no vuelvan a producirse.

Cuando las situaciones de abuso trascienden las fronteras como la trata de mujeres y niñas, los abusos contra trabajadoras migrantes, refugiadas o migrantes indocumentadas es especialmente complicado establecer responsabilidades y garantizar protección a mujeres de quienes ningún país se hace responsable.