Esta acción ha finalizado. Más de 8.000 personas han solicitado a los gobiernos de Colombia, República Democrática del Congo y México que combatan la impunidad de la violencia sexual cometida a manos del Estado y garanticen la reparación de las víctimas.

Bitondo Nyumba, viuda y madre de cuatro hijos, violada en 2005 por soldados de la República Democrática del Congo, murió por las lesiones sufridas.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapaneca, fueron violadas por integrantes del ejército mexicano en 2002.

En Colombia, el Gobierno reconoció en 2003 que el 36% de las mujeres desplazadas habían sido forzadas a mantener relaciones con hombres.

Años después las víctimas siguen sin recibir justicia.

Las firmas recabadas se han entregado a las tres embajadas y Amnistía Internacional seguirá trabajando para que los responsables de violencia sexual respondan ante la justicia.

Petición original:

La violencia sexual es una de las agresiones de género reconocidas internacionalmente como más degradante. Las sobrevivientes padecen un gran sufrimiento emocional, daños psicológicos, lesiones físicas, enfermedades y ostracismo social.

Las agresiones sexuales no sólo las cometen familiares o conocidos, sino que también son perpetradas por agentes del Estado cuya función debería ser proteger a las mujeres. Tanto en situaciones de conflicto como en tiempos de paz, cuando las agresiones sexuales son cometidas por agentes del Estado, se incrementan la impunidad y los obstáculos de las víctimas para obtener justicia.

Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar las agresiones sexuales contra las mujeres, incluidas las cometidas por sus propios agentes, así como de garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia, asistencia y reparación.