Esta acción ha finalizado. Más de 16.000 personas han pedido al gobierno español que, en cumplimiento del principio de no discriminación que establece la Ley Integral contra la Violencia de Género, elimine los obstáculos que impiden a las mujeres inmigrantes superar el ciclo de la violencia y obtener justicia.

La petición incluía garantizar el acceso de las mujeres inmigrantes a recursos especializados y a intérpretes de calidad; eliminar la discriminación en el acceso a las ayudas económicas o facilitar autorizaciones de trabajo; garantizar el acceso a los procedimientos de denuncia y la retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Posteriormente al lanzamiento de la acción, representantes del gobierno, en una reunión mantenida con Amnistía Internacional, manifestaron compartir gran parte de las preocupaciones objeto de esta acción. La organización dará seguimiento a los próximos pasos que de el gobierno en este sentido.

¡Gracias todas las personas que han participado en esta acción!

Petición original:

“Los policías me preguntaron que por qué había aguantado tanto. (...) Tenía miedo por ser ilegal y de que nadie me creyera porque él siempre me decía, ¿dónde vas a ir tú?, ¿quién va a creer a una extranjera ilegal?”.
Mujer marroquí

Los derechos humanos no saben de papeles. Sin embargo, las mujeres inmigrantes en España que han sufrido violencia de género encuentran barreras para  acceder a ayudas económicas o a una autorización de trabajo; las que se encuentran  en situación irregular se exponen a ser sancionadas e incluso expulsadas si denuncian ser víctimas de maltrato.

En lo que va  de 2007, la tasa por millón de mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas es casi seis veces mayor que la tasa en el caso de las españolas. En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas.

Es necesario que se pongan en marcha medidas que desarrollen lo previsto por la Ley Integral, que establece el principio de no discriminación, encaminadas a eliminar todas las desventajas y obstáculos que merman las posibilidades de las mujeres inmigrantes de superar el ciclo de la violencia y de obtener justicia.